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Por Luis Hallazi*
23 de agosto, 2017.- No
es ninguna novedad que uno de los principales problemas históricos que tiene
nuestro país sea la ocupación desordenada que hemos tenido sobre nuestro
territorio. El Estado no ha podido hasta el momento diseñar una organización
política y territorial clara que busque enfrentar la diversa problemática que
se desprende como consecuencias de ese desorden. El proceso de
descentralización sigue siendo sumamente débil, es más, los últimos cinco años
el Ejecutivo ha tenido una política de recentralización de las principales
decisiones del Estado concentradas en el ejecutivo; lo que nos lleva a
preguntarnos sobre el fracaso del proceso de descentralización. Si a esto le
agregamos una crisis generalizada en las instituciones debido a la corrupción,
la situación se agrava.
“El
Estado no ha podido hasta el momento diseñar una organización política y
territorial clara que busque enfrentar la diversa problemática que se desprende
como consecuencias de ese desorden.”
El desorden territorial
puede ser identificado cuando nace un conflicto, si nos fijamos en la
organización territorial nacional, podemos ver que esa tensión está presente en
aproximadamente más del 70% de distritos de todo el país, donde existen
conflictos por los límites territoriales o más del 80% que tiene la misma
problemática a nivel de provincias. Por otro lado, si revisamos los conflictos
sociales la Defensoría del Pueblo reporta 177 al mes de julio(1), de los cuales
130 son socioambientales (minería, hidrocarburos, energía, agroindustria,
forestal), en su gran mayoría estos conflictos refieren superposiciones de
intereses sobre un mismo espacio territorial.
En el caso de las más
de 10 mil comunidades campesinas y nativas que habitan y ocupan más de un
tercio de nuestro territorio nacional, se sabe que más del 50% de ellas no
tiene definido límites exactos, al no estar georreferenciadas; lo que en algún
momento generará conflictos de linderos, donde la mayoría de ellos no se
reportan en los informes de la Defensoría que a julio refiere la existencia de
8 conflictos comunales. Peor
aún, aproximadamente tres mil comunidades no cuentan con título de propiedad y
la situación se agrava cuando el 49,6% de comunidades campesinas con
información gráfica, tienen superposiciones de concesiones mineras en su
territorio.
El diagnóstico parece
estar claro, es necesario tener una política nacional que tenga por objetivo
ordenar el territorio, esto significa para empezar, formalizar los derechos de
propiedad y posesión de abajo hacia arriba. Para seguir refiriéndonos a las comunidades,
significa entregar títulos de propiedad y registrar a las tres mil comunidades
que faltan; actualizar la georeferencación de todas las comunidades, pero
además ordenar y actualizar la información de las comunidades en el registro
público de propiedad de predios. Después de ello hacer lo propio con los
pequeños propietarios entregar títulos, georeferenciarlos y registrarlos. Es
necesario también esclarecer los derechos de posesión y propiedad de las
tierras del Estado, a nivel de gobierno local, regional y nacional; pero
también respecto a las dudas y controversias que haya con tierras de
comunidades.
El siguiente punto
sería abordar diversa variedad de superposiciones de derechos que existen en un
mismo espacio territorial, para eso los procesos de Ordenamiento Territorial en
comunidades, gobiernos municipales, regionales; articulados por el gobierno
nacional cumplirían una función importante y se empezaría a liberar a los
territorios de esa alta conflictividad. Sin embargo la política actual del Estado
para todos estos temas es diametralmente distinta. El Viceministerio de
Gobernanza Territorial, de reciente creación y adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministro (PCM), no quiere hablar de conflictos, como si eso los
anulara; en una entrevista el titular señaló que“(…) en el país hay 5 conflictos sociales y no los 217 que dice la
Defensoría del Pueblo”(2); lo cierto es que hasta el momento no sabemos
cuál es la política territorial a implementar desde dicho Viceministerio.
Los conflictos territoriales
en estricto, nos dan información sobre que actores se relacionan en un espacio
territorial concreto. Cuando vemos por ejemplo que la mitad de un territorio
comunal ha sido concesionado a una empresa minera o forestal; debemos
preguntarnos qué está detrás de ello; hay claramente una política nacional de
los últimos gobiernos que se manifiesta en un marco normativo, que permite y
promueve un tipo de política determinada. Éste quizás es el quit del asunto: cambios en las
reglas de juego para “ordenar” el territorio pero bajo reglas del mercado.
Estas tensiones en los territorios donde se contraponen diversos intereses se
irán manifestando tras 5 años de agresivos cambios en la legislación que han
abierto las puertas al acceso a tierras y recursos naturales sin discreción.
“Cuando
vemos por ejemplo que la mitad de un territorio comunal ha sido concesionado a
una empresa minera o forestal; debemos preguntarnos qué está detrás de ello ...”
Para verificar esos
cambios normativos solo tenemos que recordar la ley 30230, la ley 30327, el
Decreto Legislativo 1191 y 1210 en el gobierno de expresidente Humala. Estas
normas son vistas por el anterior y actual gobierno como medidas necesarias
para “destrabar” la inversión. Es por eso que a un año de gobierno del presidente
Kuczynski llegaron una avalancha de 112 Decretos Legislativos (DL), 65 de ellos
dirigidos a “reactivar la economía”, lo que en muchos casos significa
flexibilizar los procedimientos es el caso del DL 1330 o DL 1333 que crea la
institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en
tierras públicas o privadas donde se desarrollaran proyectos de inversión
priorizados; decreto que el Congreso de la República acordó su derogatoria por
vicios de inconstitucionalidad, pero que el Ejecutivo se niega a publicarla.
Recientemente el 28 de
julio el presidente actual presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE, que toma
mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, para insistir en dar
vía rápida a los proyectos de inversión. El fundamento es el mismo hay una
necesidad que se cree procedimientos especiales únicamente para grandes
proyectos de inversión. La inversión privada y pública es necesaria para
nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los
derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer
constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de
acceso a la tierra y recursos naturales, a costa de debilitar los derechos a la
tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas, de los
agricultores familiares o de los pequeños propietarios; proteger estos derechos
significa finalmente respetar los derechos humanos y cumplir la principal
función del Estado que es velar por el bienestar común de todas y todos los
peruanos.
Notas:
(1) Ver Informe de
la Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reporte_mensual_de_conflictos_sociales_n_161_-_jul.pdf
(2) Ver en El
Comercio: http://elcomercio.pe/peru/violacion-orden-juridico-consecuencias-412919
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*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.
*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.
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