/ Miércoles 26 de Abril, 2017
Foto: Daniel Carbajal
Desde el sábado pasado, unos 600
nativos de las comunidades de Los Jardines y Nueva Alianza de Capahuari tomaron
las instalaciones del lote 192, ubicado en el
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto), informó
El Comercio.
Los nativos exigen que la empresa
petrolera Pacific Stratus, que opera en el lote 192 desde setiembre del 2015,
cumpla con una serie de pagos como compensación por el uso de tierras
comunales. Estos terrenos, según los manifestantes, se sitúan en la zona de
influencia del área de explotación.
El apu Wilmer Chávez, presidente
de la Organización Regional Indígenas Achuar del Pastaza (Oriap), explicó que
la medida de fuerza “continuará hasta que el Ejecutivo resuelva el proceso de
servidumbre legal que se inició para obtener una debida compensación
económica”.
Luego de que Pacific asumiera las
operaciones del lote
192 en el 2015, las comunidades de Los Jardines y Nueva Alianza de Capahuari solicitaron a la empresa
petrolera el pago de 1 millón de soles como compensación porque sostenían que
el área de explotación abarcaba buena parte de sus tierras tituladas.
Según Chávez, Pacific ofreció 106
mil soles anuales para Los Jardines y 110 mil soles para Capahuari. Estos
montos –que, de acuerdo con Pacific, correspondían al pago que realizaba
Pluspetrol, la anterior operadora del lote– eran menores al que solicitaban las
comunidades, por lo que estas optaron por iniciar un proceso para que se
establezca una servidumbre legal ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Dicho proceso, que se inició
hacia agosto del 2016, se utiliza para permitir que una entidad que no es
propietaria de un bien pueda utilizarlo a cambio de una contraprestación
económica. Sin embargo, Chávez dice que el proceso “no ha sido transparente”.
“El problema es que el equipo de
tasaciones del Minem [que deberá determinar a cuánto asciende el monto por la
servidumbre legal] solo ha tomado en cuenta los cálculos de Pacific, que son
una bicoca. Por ejemplo, la empresa consideró que debe pagar S/0,024 por
hectárea. Y en Jardines solo ha estimado que ocupa 7 hectáreas. ¡En total
quiere pagar menos de 20 centavos al año!”, dijo a El Comercio.
Agregó que esperan la presencia
del primer ministro Fernando Zavala y la del titular del Minem, Gonzalo Tamayo,
en la zona hasta el miércoles 26 para que se resuelva el tema de la
compensación económica y no se radicalice más la protesta.
Empresa
responde
A través de un comunicado,
Pacific indicó que el ministerio “les ha hecho llegar la semana pasada un
informe técnico de tasaciones” a las comunidades. “Si no están de acuerdo con
este informe tienen un plazo de 10 días para apelar. El proceso de servidumbre
legal aún no ha culminado. Lamentablemente, al recibir el referido informe
técnico, que no ha sido de su agrado, han optado por el camino de la
violencia”, señaló la empresa.
La firma petrolera también
precisó que el lote 192 ocupa tres cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigre), las
cuales abarcan a 19 comunidades. “Con 18 de ellas, ya tenemos celebrados
convenios integrales que incluyen el pago de servidumbre, cuando corresponde.
No debemos ningún pago. Con Los Jardines, desde nuestro ingreso al lote 192, hemos
tratado de hacer lo mismo. Pero ellos nunca estuvieron conformes con lo
ofrecido”, concluyeron.
Hasta el momento, el nuevo
viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros no ha dado mayor información sobre el conflicto.
Producción
del lote 192 está paralizada
La producción petrolera del lote
192, que en algún momento llegó a representar el 18% del total nacional, está
paralizada. La razón: el cierre del oleoducto norperuano, que actualmente está
inoperativo por presentar algunas deficiencias en su infraestructura.
En febrero del 2016, la empresa
Pacific Stratus declaró en fuerza mayor al lote petrolero, lo cual fue aceptado
por Perú-Petro, entidad con la que firmó el contrato de concesión temporal por
dos años. De esta manera, las operaciones en el área de explotación fueron
suspendidas. Sin embargo, ambas partes acordaron que el tiempo que el lote
permaneciera cerrado sería restituido tras la culminación de dicho contrato. Es
decir, después de agosto del 2017.
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