Nota de Prensa 051/OCII/DP/2017
Foto: Defensoría del pueblo
Ocho ministerios deben afinar la implementación de normas para
mejorar la evaluación de los proyectos.
La Defensoría del Pueblo supervisó diversas instancias del Estado para verificar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y pudo comprobar que, en el caso de los ministerios, ninguno cumplió con actualizar íntegramente sus reglamentos de acuerdo a las normas vigentes.
Al respecto se pudo identificar
que el Ejecutivo ha descuidado su labor en la aprobación de los reglamentos que
permiten, por ejemplo, la participación ciudadana en diversos sectores a pesar
de su importancia para evitar conflictos socioambientales.
En tal sentido, es necesario que
el Ministerio de Ambiente (Minam) fortalezca su rol rector para que el Poder
Ejecutivo cumpla con implementar las normas del referido sistema.
En el caso de los Informes
Técnicos Sustentatorios (ITS), que permiten la aprobación automática de
modificaciones a proyectos que no implican mayor impacto, se detectó
deficiencias normativas que pueden favorecer la aprobación de proyectos sin una
adecuada evaluación socioambiental, dejando de lado la participación ciudadana
y la consulta previa.
Por esta razón, se requiere que
el Minam establezca criterios específicos a fin de prevenir una aplicación
discrecional e indiscriminada por parte de los sectores responsables de
promover las inversiones, tal como viene sucediendo en la actualidad.
Por otro lado, se ha podido
constatar que algunos gobiernos regionales emiten certificaciones ambientales
sin contar con competencias transferidas en el marco del proceso de
descentralización o mediante norma especial.
Asimismo, se detectó que el
Ministerio de Energía y Minas ha venido emitiendo resoluciones ministeriales de
transferencia en los sectores de electricidad e hidrocarburos, sin observar el
procedimiento previsto en la Ley de Bases de Descentralización.
Respecto de estos y otros
hallazgos la Defensoría del Pueblo ha emitido un conjunto de recomendaciones
mediante el Informe
de Adjuntía N° 006-2016-DP-AMASPPI.MA, el cual busca contribuir a la
defensa del derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado de las
personas, así como del derecho a la información, participación y consulta
previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de
inversión.
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