Fuente: http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10758/Polonia-gobierno-constitucion-tribunal-leyes.htm
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El Gobierno del PiS (Ley y
Justicia) completa la toma del poder del Tribunal Constitucional con el
nombramiento del jefe de la judicatura y las restricciones procesales
MACIEJ
KISILOWSKI
Bandera de Polonia
PIXABAY
25 DE ENERO DE 2017
Ante la improbable toma de
medidas de trascendencia por parte de la UE conforme al artículo 7 del Tratado
de la Unión Europea, los socios internacionales de Polonia y los inversores
extranjeros se enfrentan ahora a una dura realidad: Polonia es un país que
carece de una constitución funcional.
Para entender la situación,
tenemos que comprender el argumento legal central en el que el PiS de Polonia
ha basado toda su estrategia contra el tribunal. Según la teoría, su mayoría
parlamentaria (insuficiente para una reforma formal de la constitución) aún
puede neutralizar las leyes fundamentales del país paralizando la facultad del
tribunal de revisar la constitucionalidad de las leyes que promulga el
PiS.
En una situación normal,
semejantes restricciones procesales ya serían de por sí objeto de una revisión
constitucional. Sin embargo, el Gobierno afirma tener la capacidad de evitar
tal revisión simplemente declarando la entrada en vigor inmediata de los nuevos
procedimientos.
“LA
TEORÍA DEL 'EFECTO INMEDIATO' SE BASA MANIFIESTAMENTE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA
CONSTITUCIÓN POLACA”
La teoría del “efecto inmediato”
se basa manifiestamente en el artículo 190 de la Constitución polaca, que
contempla que cualquier ley puede mantenerse en vigor hasta que el Tribunal
Constitucional la considere inconstitucional. Pero las demandas del PiS
deforman ese principio hasta hacerlo irreconocible.
El Gobierno sostiene que dicha
norma obliga al tribunal incluso cuando este revisa leyes que regulan el propio
funcionamiento del tribunal. En resumidas cuentas, el tribunal debe actuar de
acuerdo con cualquier nueva ley procedimental incluso cuando revise la
constitucionalidad de la misma ley.
Lo absurdo de este razonamiento
se subrayó oportunamente en el dictamen de marzo de la Comisión de Venecia, el
órgano de control del Consejo de Europa en Estrasburgo.
De ser correcto el argumento del
PiS, advertía la comisión, "una ley ordinaria que se limite a afirmar que
'por la presente, el control constitucional queda suspendido. Esta ley entra en
vigor de forma inmediata', constituiría el triste final de la justicia
constitucional”.
La observación de la comisión
sólo resulta ligeramente hiperbólica. El PiS ha usado el método del “efecto
inmediato” para forzar un período de espera de seis meses para la revisión de
la mayor parte de los casos del tribunal, o para introducir las supermayorías
inconstitucionales requeridas para considerar inconstitucional una ley.
Nuevos
y absurdos controles constitucionales
Más recientemente, en un
ejercicio de extraordinario desafío a la ley fundamental, la entrada en vigor
inmediata de otra ley permitió que un grupo de tan solo tres jueces designados
legalmente, de los cuales todos resultaron ser partidarios del PiS, lograra
nombrar al nuevo presidente de tribunal.
La clara ilegalidad de semejante
nombramiento sorprendió incluso a un juez elegido por el PiS, que se negó a
participar en el proceso y unió a todos los jueces nombrados antes de 2015 por
una mayoría liberal.
Hasta la fecha, la prioridad del
PiS ha sido llenar el tribunal con sus afines. Sin embargo, en el futuro, el
efecto precedente de la teoría pseudolegal del “efecto inmediato” puede
resultar incluso más devastadora aun para la democracia constitucional de
Polonia.
Basta imaginar, por ejemplo, que
el PiS procediese a nacionalizar una empresa con la que no simpatice o que
confiscase el patrimonio de un oponente político. Hasta las potenciales
objeciones de los jueces nombrados por el PiS podrían no importar. Lo único que
el Gobierno tendría que hacer sería acompañar la ley de nacionalización de una
disposición de "efecto inmediato" que anulase las competencias del
Tribunal Constitucional con respecto a la ley en cuestión.
Sin protestas judiciales en masa,
Polonia se vería entrando a todos los efectos en un período en el que la
mayoría del PiS podría promulgar cualquier ley, sin que importasen las normas
ni los valores constitucionales.
Los socios internacionales de
Polonia harían bien en tomar nota. Durante los últimos 25 años, cada vez se ha
ido hablando más de Polonia como "más o menos Occidente”. Pero esa premisa
ya no es válida.
En lo que respecta a su sistema
constitucional, Polonia está llegando a parecerse más a países como Venezuela,
Turquía o las Filipinas, donde quienes ocupan el poder priman sobre las reglas
y los principios de la legalidad.
“UNA
ECONOMÍA EN DESACELERACIÓN PODRÍA FORZAR PRONTO AL GOBIERNO A ACEPTAR DURAS
CESIONES A CAMBIO DE INVERSIONES OCCIDENTALES Y AYUDA FINANCIERA”
Esto no quiere decir que sea
probable que los resultados de las políticas de Polonia vayan a ser tan drásticos
como en los países que se acaban de citar. El Gobierno del PiS sigue estando
limitado por innumerables fuerzas no jurídicas.
Las manifestaciones que han
tenido lugar en las principales ciudades están forzando al PiS a desistir de
sus ideas más radicales.
Y una economía en desaceleración
podría forzar pronto al Gobierno a aceptar duras cesiones a cambio de
inversiones occidentales y ayuda financiera. También existe un creciente
resentimiento dentro de algunos elementos moderados del mismo PiS.
Solventar los conflictos
políticos en las calles, con presión económica extranjera o mediante conflictos
intestinos en el régimen terminará casi con total seguridad mal para los
polacos y para nuestro futuro.
Por desgracia y por el momento,
parece ser que el único modo que el país tiene de aprender el valor de un
Gobierno limitado y constitucional es el dolor.
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Maciej
Kisilowski es profesor asociado de Derecho y Gestión Pública en la
Central European University de Budapest.
Este artículo fue originalmente
publicado en EUobserver.
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AUTOR
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MACIEJ
KISILOWSKI
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