Protesta social. Foto: Andrés
García / DAR
Servindi, 26 de enero, 2017.- El
Grupo Banco Mundial (GBM) no solo patrocinó el pri9mer paquete normativo que
debilitó la institucionalidad ambiental sino que además subsidió y dio impulso
ambiental y financiero al Gasoducto del Sur a cargo de la empresa Odebrecht.
Así lo revela un reporte de la asociación Derecho, Ambiente y
Recursos Nateurales (DAR) en base al estudio "Financiamiento de apoyo a políticas de desarrollo del Banco
Mundial y Cambio Climático" elaborado por el Bank Information Center.
El dato es importante
considerando que el gobierno acaba de dictar un nuevo paquete de 112 decretos
legislativos que podrían ser financiados por el Banco Mundial y otras entidades
en el futuro sino se evalúan con detenimiento y se examinan las posibles
consecuencias de estas nuevas políticas.
Precisamente, el GBM se
encuentra elaborando su Marco de Alianza País con el Perú, documento que regirá
sus prioridades de financiamiento de 2017 al 2021, fecha del bicentenario
nacional. Una de las prioridades anunciadas en este marco es una nueva
generación de reformas estructurales para hacer frente a los retos del Perú
El GBM ha efectuado reuniones cpn
personas e instituciones de la sociedad civil pero con muy poca convocatoria, advierte
DAR, y sin hacer de conocimiento público el borrador de la nueva estrategia, lo
que reduce la capacidad de opinar y hacer aportes significativos.
El miércoles 25 de enero una comitiva de la sociedad civil se reunió con representantes
del BM en Perú para solicitar que se haga público el documento borrador. La
respuesta oficial fue que el documento tiene que ser consensuado con el
gobierno peruano y tiene un carácter reservado hasta contar con la autorización
del Gobierno Peruano.
Documento fue elaborado por Heike Manhardt y se puede descargar de
internet con un clic en este enlace
La
influencia del Banco Mundial
El reporte de DAR señala que uno
de los mecanismos más influyentes del Banco Mundial son los Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPF, por
su sigla en inglés), y que consiste en préstamos para
impulsar reformas a los marcos normativos e institucionales.
Por ejemplo, para hacer efectivo
uno de esos desembolsos, uno de los DPF para potenciar el capital humano y la
productividad, ponía como condición, la eliminación de “normativas,
procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier
nivel de gobierno” (1).
Ello tuvo como consecuencia
directa el debilitamiento de la capacidad del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) para prevenir y sancionar infracciones
ambientales al aprobarse la Ley 30230; ley del paquetazo ambiental.
La norma también redujo la
capacidad del Ministerio del Ambiente para determinar los Límites Máximos
Permisibles de Calidad Ambiental y facilitó el saneamiento de tierras para
grandes inversiones.
Cabe advertir que una estimación del
portal de investigación Convoca estima que dicho cambio legislativo condonó
entre 2.1 y 8.6 millones USD en multas a compañías de petróleo y gas.
El
Banco Mundial y el Gasoducto del Sur
La Ley 30230 promovida por el BM
entró en vigor el 11 de julio de 2014 y doce días después se firmó el
contrato del Gaseoducto del Sur (GSP). Este proyecto se benefició del marco
normativo al reducirse drásticamente la posibilidad de ser sancionado por no
cumplir con las regulaciones ambientales durante la fase de construcción.
También facilitó los
procedimientos de adquisición de tierras y recibió un gran impulso a pesar que
el proyecto aún no había definido su ruta por la Amazonía y que creaba nuevas
condiciones que hacía más atractiva la inversión la tasa de rentabilidad.
El proyecto representaba entonces
la Alianza Público-Privada (APP) más grande del sector Energía, con un total de
casi el 54 por ciento de todas las inversiones en el sector y un 27 por
ciento del total invertido en APP entre el 2011 y el 2014 (2).
Pero el BM no solo prestó dinero para capitalizar a Cálidda a través
del IFC para que sea parte del consorcio que debía operar el GSP, sino
que mediante otro DPF, destinado a promover las APP en el Perú (3), buscó
promover este tipo de proyectos como la mejor forma de cubrir las conocidas
brechas de infraestructura del país.
El BM argumentó que el GSP y
otras APP del sector Energía ya estaban en cartera desde antes de la llegada de
su DPF, por lo que no se verían beneficiadas por su impulso a la eliminación de
“trabas burocráticas” en este tipo de proyectos.
Sin embargo, el estudio
presentado presentado por el Bank Information Center.sostiene que ninguno de
estos proyectos estaba en etapa de cierre financiero, por ende, de acuerdo al
marco actual estos pueden ser renegociados y sujetos a enmiendas, por lo que sí
se verían beneficiados por el nuevo marco normativo.
Pero eso no es todo. Según la
revista Oil and Gas Year, el gas suministrado por el GSP debía ser barato para
hacer que las plantas petroquímicas que se querían desarrollar alrededor del
mismo sean competitivas (4). El BM dio la solución para lograr este objetivo.
El 2006 [el Banco Mundial]
produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias
del interior del país” en el que recomienda varios subsidios,
incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (...). Además,
recomendó que el gas se venda con precios de descuento, no a las familias, sino
a “los grandes consumidores”. Algo que por supuesto siguió aumentando el
atractivo de la obra entre posibles inversionistas.
“El 2006 produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias
del interior del país” en el que recomienda varios subsidios,
incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (o MRG, por
su sigla en inglés). Además, recomendó que el gas se venda con
precios de descuento, no a las familias, sino a “los grandes consuemidores”.
Algo que
por supuesto siguió aumentando el atractivo de la obra entre posibles
inversionistas.
El Estado siguió las
recomendaciones del citado estudio de 2006 (5) y el contrato se redactó de
manera que el ingreso mínimo garantizado —conocido como “impuesto
Odebrecht”— se cumpliera. Esto ha costado 430 millones USD solo entre el 2002
al 2008 a los consumidores peruanos solo para el beneficio del consorcio
liderado por Odebrecht.
No repetir los errores del pasado
Martha Torres, Coordinadora del
Programa Amazonia de DAR, sostiene que “Si esa condición de confidencialidad
existe debe cambiarse" en referencia a la forma cómo se viene elaborando
el nuevo Marco de Alianza País con el Perú.
"El Banco no puede abrir un
proceso de consulta sin mostrar el documento a ser consultado. Tampoco se ha
mostrado el Systematic Country Diagnostic (SCP) que es el diagnóstico que sirve
de base para elaborar la nueva estrategia" advierte Martha Torres.
"Esos documentos son el
marco que une las prioridades del gobierno actual con las estrategias de
desarrollo del Banco, por lo que debería ser de conocimiento público” sentenció
Torres.
DAR concluye su reporte indicando
que si bien el BM tiende a proporcionar escasa información acerca de sus
instrumentos crediticios, sobre todo de los que tienen por objetivo impulsar
reformas de política pública, también es recurrente que se denuncie algunas de
sus iniciativas por sus consecuencias socioambientales negativas.
En vista de la gravedad de la
situación presentada ¿seguirá el Banco Mundial haciendo más flexibles sus
salvaguardas y actuando de manera poco transparente como hasta ahora?
Notas:
(1) Boosting human capital and
productivity development policy financing with a deferred drawdown
option: $1.25 billion USD.
(2) Fuente: Sitio web de
ProInversion, consultado el 12 de junio de 2016. http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=1&prf=2&jer=6877&sec=30
(3) Public Expenditure and Fiscal
Risk Management DPF-DDO: $1.25 billion USD.
(4) The Oil and Gas Year, 2015.
Stimulate Interest. The Oil and Gas Year, 7 de octubre de 2015. http://www.theoilandgasyear.com/articles/stimulate-interest/
(5) El año 2013, el mismo BM dijo
en otro estudio -esta vez un estudio de caso sobre APP- que “el precio con
descuento para uso interno del gas natural de Camisea introduce una distorsión
de precio en el mercado representa una serie barrera para la hidroelectricidad
y otras tecnologías renovables – al igual que el uso eficiente del gas natural
en la generación de energía térmica tales como unidades de ciclo combinadas”.
Vagliasindi, Maria, 2013. Revisiting Public-Private Partnerships in the Power
Sector: The Case of Peru. Un estudio del Banco Mundial, 2013.
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En base a información de DAR: http://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-revela-el-banco-mundial-patrocino-el-primer-paquetazo-ambiental-y-el-subsidio-pagado-a-odebrecht-en-el-gasoducto-del-sur/
En base a información de DAR: http://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-revela-el-banco-mundial-patrocino-el-primer-paquetazo-ambiental-y-el-subsidio-pagado-a-odebrecht-en-el-gasoducto-del-sur/
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