Por Daniel Gutman
Una manifestación realizada en
2017 en la capital de la provincia de Córdoba, Argentina, en contra de un
proyecto oficial para relajar el ordenamiento territorial, y que hubiera
favorecido una mayor deforestación, impidió que se concretara la iniciativa.
Crédito: Sebastián Salguero/Greenpeace.
BUENOS AIRES, 11 ene 2018
(IPS) - Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo
parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado
que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente
aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el
sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones
ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la
destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el
avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la
deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional
ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la
falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue
que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la
sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que
siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país
agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José
Volante.
“La expansión de la frontera
agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos,
tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores
rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa
otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente
amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología
Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país,
es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de
la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco
americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia,
y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado
“pampeanización”.
Pampeanización es el nombre
que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales
desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de
Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios
internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de
Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y
el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció
no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de
zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie
sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a
herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996.
Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al
maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de
bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se
aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de
aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos
provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista
Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar
desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del
año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de
todo el país.
“Justamente el aluvión de
permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es
la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de
transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado
nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue,
porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina
empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a
200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política
desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el
segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la
proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que
aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba
con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la
resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo
productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los
senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en
el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que
el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la
entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con
mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran
países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso
extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y
resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los
objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático
y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios
ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un
ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías,
que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de
alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las
medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de
bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya
realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54
millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la
superficie nacional.
Frente a los rumores que
circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director
nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa
impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la
consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su
implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo
fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al
Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan
ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó
Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por
ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por
debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los
últimos años, advierte el informe de FARN.
Editado por Verónica Firme
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