Postergaciones. Traer
el gas para el sur se
ha vuelto un dolor de cabeza. Después de 10 años, el proyecto sufrió una nueva estocada con el anuncio del Gobierno de relicitarlo a fines
del próximo año.
26
Nov 2017 | 6:25 h
Abandonado.
En Pampallaqta (Cusco) se encuentran en deplorables condiciones los ductos que
llevarían el gas natural a la zona sur del Perú. Foto: Melissa Valdivia
Redacción:
Luis Alvarez
Emiliano Ccasa tiene 47
años. Vive en la comunidad de Pampallaqta, a dos horas de la ciudad de Cusco,
donde están tendidos dos kilómetros de las tuberías. Ductos que iban a
transportar el gas natural de la selva de Camisea a los puertos de Arequipa y
Moquegua para la fabricación de energía. Desde que se predecía la cancelación
del contrato al consorcio constructor, Gasoducto Sur Peruano (GSP)
integrado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero y
Enagás, los trabajos comenzaron a abandonarse.
Ccasa trabajaba en la
obra, tenía un ingreso económico mensual. “Solo nos dijeron que había problemas
con el Gobierno. No pensé que
nos despidieran tan pronto”, señaló.
Justo Rosas vive en la
provincia cusqueña de Calca. Ahí Odebrecht
montó un campamento para la obra. Desde ese lugar se trasladaban decenas de
obreros a Pampallaqta. Rosas se encargaba de hacerles movilidad en su vehículo.
“A mí también me perjudicó la paralización”, agregó. Los despidos han sido el
primer impacto de la suspensión de este megaproyecto que tenía previsto generar más de 2 mil 500
empleos directos y más de 6 mil indirectos en las regiones por donde recorrería
el ducto: Cusco, Arequipa y Moquegua. Representaba el 50% de la ejecución de
obras de infraestructura en el sur.
Diez
años de mecidas
Con el reciente anuncio
de la ministra de Energía y
Minas, Cayetana Aljovín, para postergar la nueva licitación a
fines del 2018 (el plazo inicial era inicios del próximo año) algunos analistas
ya dudan de que se concrete el proyecto. El especialista en temas energéticos
Carlos Gordillo Andia sostiene que las mecidas se remontan a hace diez años.
Recordó que el gobierno aprista de Alan García firmó
el contrato con Kuntur para hacer la obra, pero esta empresa no era
especialista en el rubro. Además se dudaba de su solvencia económica. La obra
tenía un costo de casi US$ 1.400 millones y lo asumirían ellos.
Sin embargo, una de sus
grandes dificultades eran las reservas. Comprometido el gas para la exportación
y el mercado limeño, Alan García solo
había asegurado un millón de Trillones de Pies Cúbicos (TCF). Cantidad
insuficiente pues el proyecto del sur necesitaba por lo menos de 5. En el
gobierno de Humala se inició la renegociación del contrato para liberar el Lote
88 de los compromisos de exportación. Esto se logró, pero nuevos
nubarrones asomarían en el frente. Pese a que Ollanta Humala hizo
una inauguración simbólica en marzo del 2012, colocando un tubo en la plaza de
Quillabamba (Cusco), meses después
hubo cambio de planes. Kuntur pretendía que el gobierno le preste el dinero
para empezar los trabajos hasta que encuentre aval de los bancos. No era la
única dificultad.
El gasoducto encareció a más de US$ 5
mil millones. La razón, planteaban un proyecto integral para tener gas
domiciliario, vehicular, abastecer a la industria petroquímica y trasladar
líquidos.
El humalismo preparó un
globo de ensayo que reventó en el camino. Propuso un ducto de Ica para
transportar solo etano a los puertos del sur. La iniciativa recibió duras
críticas. Con el etano solo se pretendía hacer una petroquímica y no masificar
el consumo domiciliario.
Después de marchas y
contramarchas, el 23 de julio del 2014 el gobierno firma un contrato con el
consorcio Gasoducto Sur Peruano que tenía como finalidad transportar el gas
para la generación de energía eléctrica en dos plantas termoeléctricas ubicadas
en Mollendo e Ilo. Cabe recordar que estas obras ya están listas. La obra iba a
costar US$ 7 mil 400 millones para una longitud de 1.050 kilómetros desde
Malvinas hasta Ilo. “No se contemplaban los gasoductos regionales, solo la
troncal”, refiere Gordillo. La inversión servirían también para el
mantenimiento y supervisión del GSP durante
el tiempo de la concesión (34 años).
Estallada la corrupción
del caso Lava Jato, Odebrecht no
pudo conseguir dinero para continuar la obra. Ningún banco quería prestarle
plata y el actual gobierno canceló el contrato. Actualmente, una comisión
define si el avance de la obra tiene 35% como lo sostienen los constructores.
Entre Pampallaqta y
Acchahuata (Calca) existe un tramo de dos kilómetros donde los tubos ya están
soldados pero comienzan a oxidarse, como la ilusión de los sureños de
beneficiarse también de un combustible barato para impulsar su desarrollo. La
única alternativa es el gas virtual, el traslado del combustible de Ica en
camiones. En Arequipa, Moquegua y Tacna ya existe una infraestructura
desarrollada pero para un consumo muy limitado.
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