Un 43% de las mujeres
en países pobres no pueden elegir el número de hijos. Un mejor acceso a la
salud sexual y la planificación familiar reduciría la desigualdad, según el
nuevo informe del Estado de la Población Mundial
Una madre con un recién nacido en
Camboya. UNFPA/NICOLAS AXELROD
Madrid 17 OCT 2017 - 17:40 CEST
La desigualdad no es
únicamente una cuestión de riqueza. Las disparidades económicas representan
solo una de las facetas de este fenómeno que atrapa a un número creciente de
personas en una espiral descendente de privaciones y potencial humano
desaprovechado. Mientras que algunos cuentan con las oportunidades y
capacidades para detener esa trayectoria nociva, otros no disponen de los
recursos necesarios. Para revertir esta situación y conseguir la erradicación
de la pobreza, es necesario mirar más allá de la línea de ingresos que separa a
ricos y pobres contemplar múltiples desigualdades, incluidas aquellas en salud
sexual y reproductiva, sostiene el informe del Estado de
la Población Mundial 2017 Mundos aparte:
la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad,
publicado este martes por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Un total de 214
millones de mujeres en países en desarrollo no tienen acceso a planificación
familiar. La consecuencia de esta discriminación es un 43% de los embarazos (89
millones) no planeados y 48 millones de abortos al año.
ampliarfoto Tasas de uso de anticonceptivos en mujeres de edades comprendidas
entre los 15 y los 49 años casadas o que viven en una unión libre, por región y
quintil de riqueza.
El número de partos entre las
adolescentes que residen en zonas rurales duplica el de las que viven en zonas
urbanas
La agencia de Naciones
Unidas que vela por la salud reproductiva de mujeres y jóvenes alerta de que la
necesidad insatisfecha en materia de planificación familiar se ceba en especial
con las más pobres. Privadas del acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres
con menos recursos, en particular las que cuentan con menos estudios y viven en
áreas rurales, están más expuestas a la fecundidad no deseada. Las
consecuencias, tanto para la salud como para la economía, son devastadoras y
afectan también a sus hijos. La falta de capacidad para decidir si desean
quedarse embarazadas, cuándo o con qué frecuencia, puede limitar su acceso a la
educación, retrasar su incorporación a la fuerza de trabajo remunerada y
reducir sus ingresos. Como resultado, seguramente quedarán atrapadas en la
pobreza y la marginación.
El 95% de los embarazos
en la adolescencia se registra en países en desarrollo, donde 1,1 millones de
madres son menores de 15 años, aunque dar a luz a una edad temprana puede
agravar el riesgo de complicaciones y muertes maternas, además de conllevar en
muchos casos el abandono de los estudios. La tasa de fecundidad de las
adolescentes que residen en el 20% de los hogares más pobres es casi tres veces
superior a la de las adolescentes del 20% de los hogares más ricos. Asimismo,
el número de partos entre las adolescentes que residen en zonas rurales duplica
el de las que viven en zonas urbanas.
Las jóvenes, en
especial si no están casadas, se enfrentan a más obstáculos que los adultos a la hora de obtener
anticonceptivos, debido a las leyes y políticas restrictivas o el estigma
asociado con las relaciones sexuales a una edad temprana. La diferencia de edad
en una pareja también puede reducir la influencia de la mujer en las decisiones
sobre el uso de métodos anticonceptivos.
En la
mayoría de países en desarrollo, el uso de métodos anticonceptivos por mujeres
de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años es menor entre las más
pobres, las residentes en zonas rurales o con mayores carencias educativas. No
obstante, hay excepciones a este patrón. En Bangladés, Bután, Camboya y
Tailandia, por ejemplo, las tasas de uso de anticonceptivos son más altas entre
el 20% más pobre de la población que entre el 20% más rico.
En 13 de
los 20 países de África Occidental y Central, la probabilidad de que se
satisfaga la necesidad de anticonceptivos de las mujeres del 20% de los hogares
más acomodados duplica a la del 20% de los hogares más pobres.
Numerosos
países en desarrollo han mejorado su capacidad de suministro de anticonceptivos
modernos a las mujeres que desean evitar o postergar un embarazo. Ruanda y
Sierra Leona se colocan entre los que registran mejor desempeño. En otros
casos, como en Etiopía, la demanda satisfecha aumentó a lo largo del tiempo,
pero también crecieron las desigualdades entre el quintil más pobre y el más
rico de la población.
El año pasado, la desigualdad
de género empeoró en varias regiones del mundo. Según datos del Foro Económico
Mundial, en 68 países se registraron brechas superiores a las de 2015.
"Cuando son millones de mujeres las que hacen frente a privaciones
similares, el precio que pagan las sociedades y las economías en su conjunto es
aún más elevado. Las perspectivas empeoran en relación con el ejercicio de los
derechos humanos y la consecución de una sociedad justa y estable, así como de
una economía inclusiva y sostenible", concluye el informe.
La continuidad de los
programas de salud materna y control de la natalidad en los países en
desarrollo está siendo amenazada por los recortes en cooperación anunciados por
EE UU, primer donante en el mundo en materia de salud sexual y reproductiva. En
enero, la Administración de Trump prohibió a las ONG el uso de fondos del
Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero. Unos meses después, la
política fue ampliada a cualquier entidad que lo promoviera, aunque usara ese
dinero para la prevención del SIDA o la malaria. Los tijeretazos de Trump, en línea con
los sistemáticos recortes de las anteriores administraciones republicanas,
llegaron hasta el mismo Fondo de Población de ONU. En abril el país, principal
financiador de la agencia, le cortó el grifo, alegando que el organismo apoya abortos forzados en China. La organización, sin embargo,
negó categóricamente la acusación.
Estas medidas se suman
a otra aprobada a principios de octubre, cuando se anunció una limitación del acceso gratuito a anticonceptivos para miles de
mujeres estadounidenses al permitir a aseguradoras y empresas privadas que
rechacen ofrecer estos métodos en sus seguros médicos por motivos religiosos o
morales.
Frente a los recortes
de EE UU, el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal española,
Guillermo González Antón, ha mostrado confianza en el compromiso financiero
anunciado por los países europeos. "Se va a notar la retirada de EE
UU", ha agregado durante la presentación del informe en la sede de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Madrid, "pero creo que la
rápida reacción de Europa nos va a permitir lograr resultados positivos".
Desigualdad
de ingresos, una faceta del problema
Ampliar la
disponibilidad y accesibilidad de la información y los servicios en el ámbito
de la salud reproductiva solo es una parte de la solución. Si bien en los
últimos años la desigualdad entre países ha empezado a disminuir, esta se ha
agravado en el interior de al menos 34 Estados —donde los ingresos del 60% de
la población más rico experimentaron una subida más rápida que los del 40% más
pobre— entre 2008 y 2013. El informe destaca que en estos momentos, según los
cálculos de Wealth-X, la riqueza combinada de 2.473 multimillonarios supera los
7.700 millones de dólares, una cifra que equivale al producto interno bruto
combinado de las cuatro quintas partes de los países del mundo en 2015.
Aunque el
acceso a los servicios de atención prenatal va en aumento en todo el mundo, las
mujeres en los países en desarrollo, en especial África subsahariana y Asia
meridional, realizan o reciben habitualmente menos de cuatro visitas
prenatales, el número mínimo necesario para garantizar un embarazo seguro. La
situación es especialmente dramática en las zonas rurales, debido a los costes
necesarios para recorrer largas distancias para acceder a los servicios de
atención. Entre los países objeto de estudio, Camboya y Armenia registraron los
progresos más destacados. Sin embargo, en Afganistán, Etiopía y Yemen, donde
menos del 25% de las mujeres asisten a cuatro o más visitas prenatales, las que
viven en zonas urbanas tienen, como mínimo, 2,5 veces más de probabilidades que
las de las zonas rurales de recibir el número de visitas recomendado.
En los
países en desarrollo, es más probable que el 20% de las mujeres más pobres dé a
luz sin asistencia en comparación con el quintil más rico de la población. En
el Afganistán, Bangladés, el Camerún, Guinea, el Níger y Nigeria, el uso de
atención especializada durante el parto es extremadamente bajo entre las
mujeres más pobres: menos del 20% frente al 70%, como mínimo, entre las mujeres
más acomodadas.
La
mortalidad neonatal también está descendiendo, aunque la desigualdad entre los
quintiles de riqueza ha aumentado en años recientes. Mientras Senegal avanza de
manera notable, la mortalidad neonatal en Chad experimentó pocos cambios en el
período entre 1996 y 2004.
Las desigualdades en el
ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos se traducen en
desigualdades laborales y salariales en un círculo vicioso que se
retroalimenta, según el estudio. En los países con tasas de fecundidad
elevadas, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo en empleos
asalariados y remunerados sigue siendo baja (el 20% en Asia Meridional y el 22%
en África subsahariana). El riesgo de exclusión del mercado laboral aumenta
ante los embarazos no planeados, que rondan los 89 millones al año.
En 2015, alrededor del
50% de mujeres frente al 76% de hombres participaron en la fuerza de trabajo
mundial, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. El África
septentrional y los Estados árabes encabezan los países con las diferencias más
pronunciadas, con una tasa de desempleo juvenil femenino (44%) que casi duplica
a la de los jóvenes.
La discriminación en el
trabajo está estrechamente vinculada con el acceso a la educación. Las mujeres
analfabetas alrededor del mundo son 479 millones, según datos de Unesco.
Millones de niñas en edad escolar de primaria no asisten a la escuela y la
brecha aumenta en la enseñanza secundaria, lo que limita también el nivel de
ingresos en las etapas posteriores de la vida y expone las niñas a un mayor
riesgo de embarazos en la adolescencia.
Pese a la existencia de
un marco legislativo internacional para proteger a grupos especialmente
vulnerables a la exclusión, como las mujeres y los niños, las disparidades no
se están eliminando con suficiente rapidez. "La discriminación hacia las
mujeres forma parte de una norma social que tiene diferentes manifestaciones y
eso necesita tiempo para cambiar", reconoce Luis Mora, responsable de
género, derechos humanos y cultura del Fondo de Población de Naciones Unidas,
al subrayar que ya se han dado pasos importantes.
Mora, sin embargo, cree
que la desigualdad de género y la disparidad en el disfrute de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos aún no reciben la suficiente atención en la
lucha para erradicar la pobreza. "Seguir invirtiendo en políticas de
igualdad no es una opción, sino un imperativo social y económico. Si no lo
hacemos, no podremos lograr las metas de desarrollo sostenible fijadas para
2030".
Aunque los países en desarrollo
pagan el coste más elevado, las regiones desarrolladas también se enfrentan a
estos problemas. "La igualdad no se ha conseguido en ningún lugar del
mundo. En muchos países, la educación sexual sigue siendo una asignatura
pendiente en las escuelas, mientras que la brecha salarial entre hombres y
mujeres persiste", explica Luis Mora, responsable de género, derechos
humanos y cultura del Fondo de Población de Naciones Unidas. ¿Y España?
El presidente de la Federación de
Planificación Familiar Estatal española, Guillermo González Antón, asegura que
el país puede presumir de muy buenos resultados en lo que se refiere al índice
de mortalidad infantil. La bajada en la tasa de natalidad registrada en los
últimos años no puede achacarse exclusivamente a buenos niveles de acceso a
métodos anticonceptivos. "No podemos dar por resuelta la cuestión",
explica. "Aún existen diferencias abismales entre las autonomías y la
reciente crisis no ha favorecido".
Ante un descenso en la cifra de
embarazos no planeados, González insiste en la importancia de la financiación
de los anticonceptivos. "Es una política altamente eficaz y con poco
coste, no entiendo por qué no tiene la bendición del Gobierno".
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