Miércoles, 18 de
octubre del 2017 POLÍTICA18:17
Proyecto de ley
presentado por la Contraloría también plantea fijar en 50 UIT (S/ 202,500) la
multa, según la gravedad de la infracción cometida, cuando los funcionarios o
servidores públicos incurran en irregularidades.
Guardar El contralor
general de la República, Nelson Shack,
presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el Informe de
Gestión y proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, con la finalidad de
asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control gubernamental.
La iniciativa legal
propone la modificación de los artículos 9, 22, 42, 43, 45, 46, 56 y 57 de la
Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, y plantea 120 días hábiles para ejecutar la reforma
institucional.
En ese sentido, propone
que la Contraloría apruebe su estructura orgánica, el reglamento de
organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás
instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su
modernización.
Durante los 120 días
hábiles de plazo, la Contraloría no estará comprendida en los alcances de la
Ley N°30057- Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias.
Incorporación
de los OCI a la Contraloría
Entre las principales
modificaciones se propone la transferencia de recursos durante el mes de enero
del 2018, para el financiamiento de la incorporación progresiva de los Órganos de Control Institucional (OCI)
a favor de la Contraloría, de tal manera que exista una verdadera independencia
y objetividad en la labor del auditor.
Cabe señalar que en la
actualidad los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo.
Competencias
El proyecto de ley
plantea además ampliar la competencia a la Contraloría General de la República
para suspender y vacar a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los
Gobiernos Regionales; así como a los alcaldes y regidores de los Gobiernos
Locales, de incurrir en infracciones graves o muy graves.
Shack Yalta manifestó
que en la actualidad, las autoridades elegidas por votación popular se
encuentran exceptuadas de responsabilidad administrativa, por ello, explicó la
necesidad de una reforma legal que amplíe la competencia de sanción de la
Contraloría en esta materia.
Indicó, en ese sentido,
que constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de
responsabilidad administrativa funcional el incumplimiento de las disposiciones
que integran el marco legal aplicable a las entidades; incurrir en acción u
omisión que suponga la transgresión grave de los principios éticos; realizar
actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento; así como incurrir en
acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de la función.
De igual forma,
manifestó, que la Contraloría planteará fijar en 50 Unidades Impositivas Tributarias
– UIT – (S/ 202,500) la multa, según la gravedad de la infracción cometida,
cuando los funcionarios o servidores públicos incurran en irregularidades al
ejercicio del control.
Las propuestas
legislativas presentadas hoy ante la Comisión de Fiscalización contemplan
también reducir de cinco a tres los miembros que conforman las Salas del
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, las cuales constituyen
la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.
Las entidades, sus funcionarios
y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al caso en
materia de investigación están obligadas a atender cualquier requerimiento del
Tribunal Superior en un plazo de siete días hábiles, bajo responsabilidad
administrativa funcional, señala la propuesta.
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