El cambio de modelo
debe ser eficaz, gradual y positivo para alcanzar los objetivos, minimizar los
trastornos y generar oportunidades
NICK ROBINS
El J.R. Mora de hoy:
Fin del acuerdo
J.R. MORA
25 DE OCTUBRE DE 2017
El gran trasatlántico
inversor está --¡por fin!-- cambiando el rumbo. Billones de dólares de fondos
de inversión respaldan un cambio rápido hacia una economía libre de emisiones
de carbono. El motivo es sencillo: el cambio climático impide a los inversores
institucionales ofrecer rentabilidad a largo plazo a los ahorradores y a los
pensionistas.
Desgraciadamente este
año han surgido nuevos nubarrones en el horizonte con la decisión del
presidente Trump de retirar a EE.UU. del Acuerdo de París. Entre las numerosas
razones que dio Trump, una era que cumplir con los objetivos supondría una
pérdida de millones de empleos para EE.UU., muchos de ellos en la industria
minera: “Da la casualidad de que adoro a los mineros”, explicó el presidente.
Según una revisión de
los datos disponibles realizada por el ministerio alemán de Medio Ambiente, las
declaraciones del presidente Trump sobre la pérdida de empleos son “dudosas y
engañosas”, y se basan en investigaciones realizadas por organizaciones que
niegan el cambio climático. Las pruebas internacionales recogidas por
la OCDE en un artículo reciente, demuestran que las políticas verdes “no tienen
por qué dañar el empleo global si se implementan adecuadamente”.
En EE.UU., solo la
energía solar da empleo a más personas que el petróleo, el carbón y el gas
juntos. Y para el año 2050, según un estudio del profesor Marc Jacobsen de la
Universidad de Stanford, una economía global basada en energías renovables y en
la eficiencia energética crearía 24 millones de empleos indefinidos y a jornada
completa.
Trabajadores
atrapados
Sin embargo, las
ventajas de conjunto que ofrece un futuro libre de emisiones de carbono no
significa que podamos ignorar las consecuencias para el empleo, y todavía menos
para los inversores. Las consecuencias macroeconómicas de la transición no
tienen precedentes ni en amplitud ni en calado. Habrá trastornos sociales y, si
no se gestionan adecuadamente, la transición saldrá perjudicada, caerá el
rendimiento económico y menguará la rentabilidad de las inversiones.
Los inversores son cada
vez más conscientes del riesgo que conlleva tener activos hundidos en sus
carteras, pero todavía no se han dado cuenta de las consecuencias negativas
potenciales que esto tiene para los trabajadores y para las comunidades que
dependen de las industrias intensivas en emisiones de carbono, es decir, el
riesgo de dejar en la estacada a los trabajadores y a sus comunidades. Entre
los temas clave que merecen atención están la identificación del lugar y la
calidad de los nuevos “trabajos verdes”, así como el modo de negociar el
ritmo y el proceso de cambio de los sectores en declive. No se trata solo de
unos pocos programas de reciclaje, sino del destino económico de regiones
enteras.
Para los inversores
ávidos de rentabilidad, la necesidad de añadir una dimensión social a sus
estrategias contra el cambio climático es cada vez más imperiosa y multidimensional.
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LA “TRANSICIÓN
JUSTA” SE HA CONVERTIDO EN EL LEMA DE AQUELLOS QUE RECONOCEN QUE LA
DESCARBONIZACIÓN SOLO TENDRÁ ÉXITO SI RESPETA A LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE COMBUSTIBLES FÓSILES
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No
hay que olvidar París
El primer elemento
catalizador reside en el propio Acuerdo de París, que además de hacer un
llamamiento para que se desarrollen políticas que aseguren la descarbonización
y la resiliencia, también afirma que estas deberían tener en cuenta “los
imperativos de una transición justa para los trabajadores”. La “transición
justa”, defendida desde hace tiempo por el movimiento sindicalista
internacional, se ha convertido en el lema de aquellos que reconocen que la
descarbonización solo tendrá éxito si respeta a los trabajadores de la industria
de combustibles fósiles y canaliza las inversiones hacia la renovación de las
regiones que dependen de los sectores con altas emisiones de carbono.
De hecho, la
Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés) ya
ha creado un nuevo Centro
de Transición Justa. Sabemos que la historia de la desindustrialización a
lo largo de los últimos 40 años ha dado como resultado en numerosos lugares del
mundo una serie de heridas económicas y sociales prolongadas, y ha contribuido
tanto a la pérdida de oportunidades como al estancamiento económico. Muchos de
estos costes también tienen dimensiones raciales y de género.
Si no se abordan estos
problemas, se producirá inevitablemente una reacción violenta. Por ese motivo,
si los inversores quieren que se produzca una transición sin complicaciones, es
esencial comprender cuáles son las consecuencias sociales.
El
auge de los populistas
El mayor riesgo para
los inversores es la llegada de los populistas que niegan el cambio climático
utilizando el declive estructural de los sectores con mayores emisiones de
carbono para bloquear otras acciones que sirvan para construir una economía no
contaminante. Las protestas de este tipo debilitan el argumento a favor de la
redistribución de capital hacia modelos industriales más limpios y eficientes,
muchos de los cuales ofrecen un gran potencial para la creación de empleo (como
por ejemplo el eólico, la energía solar y la eficiencia energética).
A esto se añade la
constatación de que la desigualdad que causa la mala gestión de las
transiciones puede deprimir a largo plazo el potencial económico de los países.
De acuerdo con el FMI, la desigualdad “es propensa a reducir el ritmo y la
duración del crecimiento”, del cual deriva la rentabilidad de los inversores. En resumen, es probable
que una transición que pretenda reducir las emisiones sin reducir la
desigualdad afecte al rendimiento de las inversiones a largo plazo.
Conectando
agenda
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el exhaustivo marco de Naciones Unidas para
asegurar la prosperidad de los pueblos y el planeta para el año 2030, animan a
los inversores a establecer una relación entre trabajos y clima.
Retrospectivamente, los ODS pueden considerarse, en realidad, como una hoja de
ruta para llevar a cabo una “transición justa”, sobre todo en materia de
erradicación de la pobreza (objetivo 1), igualdad entre géneros (objetivo 5),
energía no contaminante (objetivo 7), trabajo decente (objetivo 8) y acción por
el clima (objetivo 13).
No obstante, en
demasiadas ocasiones estos objetivos se consideran de forma individual y
diferencian los objetivos medioambientales de los sociales. Asimismo, la
importancia de una transición justa no se limita a las economías posindustriales,
también hay que pensar que los países emergentes y en vías de desarrollo no
solo están entre los mayores productores de combustibles fósiles, sino que a
menudo también dependen para su desarrollo económico de los sectores con
mayores emisiones de carbono. Además, sus sistemas de protección social son muy
frágiles y en ellos habitan la gran mayoría de las personas cuyos medios de
subsistencia sufren por el impacto cada vez mayor del cambio climático. Todo
esto pone de manifiesto la necesidad de adoptar una perspectiva verdaderamente
mundial.
Empezar
por la G
En la práctica, la
tarea de los inversores es desarrollar estrategias climáticas que enlacen la A
y la S de ASG (criterios ambientales, sociales y gubernamentales). Para
conseguirlo, la G de gobierno es un buen punto de partida. La participación de
los accionistas es un elemento clave para que los inversores se aseguren de que
su capital se alinea con una trayectoria compatible con el objetivo climático
de un futuro con temperaturas medias que no superen en más de dos grados la de
la era preindustrial.
Algunos inversores han
comenzado a integrar las consecuencias para los trabajadores y las comunidades
en su compromiso climático. CalPERS, por ejemplo, lo ha hecho ya en su trabajo
con las empresas de servicios públicos estadounidenses. Asimismo, los sindicatos
han desarrollado, mediante el Comité sobre el capital de los trabajadores
(Committee on Workers Capital), una serie de Principios orientados a la
resolución de los accionistas (Shareholder Resolution Principles) que exigen a
las compañías elaborar planes de descarbonización paralelos al diálogo social.
Las resoluciones que
instan a las corporaciones estadounidenses a publicar escenarios climáticos han
obtenido este año un apoyo del 62% en Exxon y del 67% en Occidental. Como
consecuencia, el siguiente paso debe ser incorporar de forma explícita las
repercusiones sociales de la transición a las estrategias de participación
proactiva de los accionistas, por ejemplo, en torno al análisis de escenarios y
a la estrategia corporativa (incluyendo el diseño e implementación de los
planes de empleo).
Un
enfoque territorial
La asignación de
capital es otro elemento fundamental sobre el que es necesario actuar. En este
caso, el objetivo es conectar el interés creciente por la inversión con
repercusiones sociales y por los activos verdes. La pregunta es cómo canalizar
la inversión hacia las regiones clave que han quedado marginadas por la
desindustrialización y hacia aquellas que son más susceptibles de sufrir el
impacto de la descarbonización.
En EE.UU., hace tiempo
que los fondos de pensiones elaboraron estrategias para que la “inversión
económicamente dirigida” ayude a las economías locales a proporcionar una
prosperidad que permita pagar las futuras pensiones prometidas. Uno de los
inconvenientes de la globalización es la menor importancia de la localización a
la hora de tomar decisiones económicas y financieras. Ahora existe una
oportunidad para adoptar un enfoque territorial en la inversión climática.
Esto identificaría y
crearía canales de activos verdes a los que podrían tener acceso los inversores
en inmobiliaria, infraestructura, capital privado y renta fija. Los proyectos
renovables comunitarios ofrecen atractivas formas de combinar la
descarbonización, la inversión territorial y la potenciación de las
comunidades, tal y como persiguen algunos fondos de pensiones del Reino Unido.
El lanzamiento de bolsas de valores sociales también podría ayudar a movilizar
financiación de capitales públicos.
Ya existen prometedoras
iniciativas emergentes, como por ejemplo el Fondo de Transición Justa de
Appalachia, aunque todavía tienen que atraer a las principales carteras
de inversores institucionales.
Un camino posible sería desarrollar “zonas (piloto) de financiación
sostenible”, que se centrarían en lugares altamente necesitados o vulnerables,
y que identificarían acciones prácticas que posteriormente se podrían escalar.
Movilizar
capitales
A menudo, estas
estrategias territoriales solo funcionan si existen las políticas adecuadas, lo
que pone de manifiesto la necesidad de que los inversores integren la
transición justa en su diálogo con los gobiernos. Hay que destacar en los
últimos años la voluntad creciente de los inversores para presionar a favor de
introducir políticas climáticas ambiciosas. Cerca de 400 inversores con una
cartera de más de 22 billones de dólares en activos están presionando a los
gobiernos para que pongan en marcha una rápida implementación del Acuerdo de
París.
Ahora que estamos
inmersos en el desarrollo de “planes de movilización de capital” que harán
realidad los objetivos climáticos, los inversores necesitan trabajar en
conjunto con los responsables políticos y las demás partes interesadas para
garantizar que se distribuyan los fondos públicos y los incentivos necesarios
que permitan responder al riesgo de desempleo al que se enfrentan los sectores
y las comunidades vulnerables, y que permitan aprovechar las oportunidades de
renovación que existen. Es fundamental que los inversores se comuniquen con los
sindicatos, las agrupaciones comunitarias y las autoridades regionales para
comprender cómo sus estrategias de inversión contra el cambio climático podrían
ayudar a estimular la regeneración económica de forma más amplia.
En definitiva, la
transición tendrá que ser muchas cosas: eficaz a la hora de alcanzar los
objetivos climáticos, gradual en el sentido de minimizar los trastornos y
positiva en el sentido de generar oportunidades y beneficios. También tendrá
que ser justa. La actuación de los inversores será fundamental para alcanzar
este componente indispensable.
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Nick
Robins es codirector de la Investigación para
concebir un Sistema Financiero Sostenible dentro del Programa de Naciones
Unidas para el Medioambiente. Este artículo expresa sus opiniones a título
particular.
Este artículo se publicó
en Esg-Magazine.
Traducción
de Álvaro San José.
Agradecimientos: La
idea para escribir este artículo surgió a partir de las discusiones mantenidas
durante el seminario Authentic Investor que tuvo lugar en Findhorn en mayo de
2017. Agradezco a los participantes en el seminario, y a otras personas, sus
valiosas aportaciones, en especial a: Robin Alfred, Andrea Armeni, Vonda
Brunsting, Abigail Herron, Rob Lake, Søren Larsen, Will Pomroy, Fiona Reynolds,
Shannon Rohan, Anne Simpson, Alison Tate, Lily Tomson y David Wood.
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AUTOR
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Nick
Robins
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