26/09/2017
Foto: Otra Mirada
Se han cumplido 10 años de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el instrumento
normativo internacional más avanzado respecto al reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas; que sin embargo aún no garantiza la obligatoriedad en
su cumplimiento por parte de los Estados; siendo necesario para ello adoptar un
Convenio internacional que pueda proteger de manera efectiva a las poblaciones
indígenas.
Mientras eso suceda estos diez
últimos años han sido también un espacio de vulneraciones sistemáticas a los
derechos de las poblaciones indígenas en nuestro país; que van desde los
constantes conflictos territoriales por imponer alguna actividad extractiva,
productiva o de infraestructura en tierras de comunidades; pasando por reformas
legales sin participación que nos han llevado a conflictos como el de Bagua y
llegando a nuestros días con impactos considerables a la salud por exposición
de metales en pobladores de comunidades indígenas, siendo el caso de Cuninico
en la amazonia o Espinar en los andes.
Pero
¿quiénes son los pueblos indígenas en el Perú y qué representan? Una de las
respuestas nos puede llevar al 22 de octubre, fecha en que se realizará el
censo nacional donde por primera vez se incluirá la pregunta de
autoidentificación étnica, una primera iniciativa del Estado en que debemos ser
muy cautos con los resultados; más aún en medio del racismo con el que
convivimos. Pero más allá del número que en octubre muestre el censo, podemos
decir también que existen 55 pueblos organizados con más de diez mil
comunidades campesinas y nativas, propietarios y poseedores de cerca de la
mitad de los 128 millones de hectáreas que posee nuestro país o mencionar que
el 47% de los más de 73 millones hectáreas de bosques estarían en territorios
de las comunidades nativas y ribereñas en nuestra amazonia[1].
De esas más de diez mil
comunidades aún falta por reconocer sus derechos de propiedad colectiva cerca
de tres mil comunidades; pero además de las comunidades con título, más de la
mitad no cuenta con una demarcación y georreferenciación de su territorio.
Contar con esta información no ha sido o es de muy poco interés del Estado,
puesto que al día de hoy no se cuenta con información oficial actualizada; a
pesar del esfuerzo del Ministerio de Cultura a través de la Base de Datos
Oficial de Pueblos Indígenas, que busca un reconocimiento más cultural que
territorial de los pueblos indígenas; un ejemplo de ello es que aproximadamente
3 300 comunidades campesinas no figuran en la mencionada base. Eso significa en
la práctica, que si hoy no estás dentro de esa base de datos, simplemente no se
aplican derechos colectivos. Derechos como la consulta previa, libre e
informada, donde ha habido una resistencia por parte del Estado, presionado por
los gremios empresariales, de no consultar proyectos mineros en territorios de
comunidades campesinas.
Y es que cuando hablamos de
tierra y territorio de comunidades campesinas o nativas, inevitablemente nos
encontramos con intereses de proyectos de inversión sobre esas mismas tierras.
Al carecer el Estado de información de comunidades y un catastro comunal, la
superposición de derechos sobre territorios de comunidades se ha incrementado,
esta situación se generaliza para el resto de las tierras rurales. Para
“resolver” dicho desorden territorial los últimos gobiernos han emprendido
cambios legislativos que darían cuenta de una “contrareforma agraria” con la
finalidad de acceder por vía rápida a las tierras que sean necesarias para
proyectos de inversión, cambios en las reglas de juego que si bien empezaron en
los noventa, estos últimos cuatro años se han agudizado, perfilando una
política clara por continuar reformas inconclusas; que coincide con la
desaceleración económica por la caída de los precios de las materias primas que
exportamos.
Desde el 2013 se han promovido a
través de decretos supremos, leyes o decretos legislativos modificaciones
profundas en los procedimientos, plazos, procesos y toda interferencia que pueda
obstaculizar el acceso a la tierra para proyectos de inversión; los que han
sido identificados como “paquetazos antiindígenas y ambientales”, las
modificaciones llegan al extremo de flexibilizar procesos o procedimientos
reiteradas veces. El problema no solo estaría en la flexibilización del
proceso, sino en que únicamente se haga para tierras que sean de necesidad de
un proyecto de inversión u obra de infraestructura.
Varios de estos paquetes
normativos se articulan a través de un reciente proyecto presentado por el
actual gobierno que crea una nueva institución: Proyecto Especial de Acceso a
Predios para Proyectos de Inversión Priorizados- APIP, a cargo de PROINVERSIÓN,
que sin experiencia alguna en esta materia, ahora sería la encargada de
delimitar un predio, sanearlo, dirigir un proceso de adquisición rápida y si es
necesario expropiar el predio, pasando por encima de las competencias del
Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, SUNARP y toda institución
estatal designada para la formalización de la propiedad. Un auténtico atropello
a la seguridad jurídica, no solo de las comunidades indígenas sino de todas y
todos los propietarios de este país.
Luis Hallazi, es abogado y
politólogo, investigador en derechos humanos.
[1]
Cifras de acuerdo al Mapa Tierras Comunales y Áreas Naturales Protegidas del
Instituto del Bien Común.
https://www.alainet.org/es/articulo/188287
No hay comentarios:
Publicar un comentario