Polette Rivero
Villaverde*
Las disputas por la
tierra y el territorio forman parte de los conflictos más antiguos de la
humanidad, y al mismo tiempo que ésta, han ido cambiando de tal manera que
podemos identificar las formas y métodos de despojo predominantes, así como los
sujetos antagónicos que protagonizan estas luchas en cada fase histórica.
Es posible afirmar que
en el siglo XXI asistimos a una nueva guerra por el territorio y la tierra. Se
visibilizó con la crisis de 2007-2008, cuando de forma masiva comenzaron a
difundirse a través de algunos medios y organizaciones independientes, las
denuncias de comunidades latinoamericanas y africanas, sobre los despojos que
los gobiernos y las empresas estaban llevando a cabo a fin de ocupar sus
territorios. A esta “fiebre por las tierras” se le denominó acaparamiento de
tierras o land grabbing en inglés.
En breve se entendió
que los nuevos despojos territoriales eran más complejos que los de otras
etapas históricas. En parte porque los sujetos más activos en las compras de
tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su
poder, y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y
económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo
Monetario Internacional (FMI), etc.
También encontramos
adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban
vinculados con el sector primario. Grandes fondos de capital provenientes de
bancos como Goldman Sachs, personajes poderosos como George Soros, ex
funcionarios públicos, fundaciones como la de la Universidad Harvard, fondos de
pensión de los trabajadores de países como Estados Unidos y Canadá, encontraron
en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que
generó la crisis, y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de
los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos, estaba generando
importantes ganancias por el mercado especulativo.
Mientras los problemas
de hambre se agudizaban para la mayor parte de la población mundial, las
corporaciones que dominan el mercado alimentario como Cargill, Bunge, Monsanto,
Syngenta, entre otras, registraban ganancias récord de hasta 400% más. A su
vez, países petroleros pero sin tierras de cultivo, como los Emiratos Árabes,
Qatar, etc., y países con una creciente clase media, realizan aún grandes
inversiones en tierras periféricas; es el caso de China e India.
Dimensión
de los acaparamientos de tierra
La medición de las
transferencias de tierra no es sencilla. Generalmente los interesados en esta
sistematización acuden a las notas periodísticas para dar seguimiento, lo que
en parte resulta disperso, parcial y a veces poco riguroso. En países como
Brasil se cuenta con cifras oficiales de extranjerización de tierras, pero en
otros como México los rubros jurídicos no visibilizan la privatización y
extranjerización de los territorios. No obstante, retomemos algunos datos para
dimensionar el problema.
A inicios de agosto de
2017, Land Matrix, un observatorio que monitorea la compra de tierras desde el
año 2000, reportaba que, de un total de 1 345 acuerdos concluidos a nivel
mundial, se habían transferido 49 238 484 hectáreas de tierras para cultivos,
programas verdes, minería, carreteras, turismo, etc. El acaparamiento de
tierras cobró una dimensión global, lo podemos encontrar en los cinco
continentes, pero es un proceso que predomina en la periferia.
De acuerdo con el
seguimiento de la organización GRAIN, entre 2006 y 2015, los países de América
Latina en los que se encontró acaparamiento de tierras destinado a cultivos
alimentarios, abarcaron una superficie de 3 927 450 hectáreas, mediante 59
adquisiciones. Se trata exclusivamente de inversiones extranjeras, donde Brasil
encabeza la lista con 2 727 502 hectáreas; seguido por Argentina con 513 116;
Paraguay con 208 549; Colombia con 154 660; Uruguay con 144 178; Perú con 80
149; Venezuela con 60 000; Bolivia con 57 845; Jamaica con 30 000; y Belice con
1 600.
El origen de las
inversiones extranjeras para compras de tierras en América Latina es muy
diverso: Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita,
India, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá,
Italia, Portugal, entre otros. Pero también se registra un acaparamiento de
tierras intrarregional, en donde capitales brasileños y argentinos están a la
cabeza. Brasil incluso es uno de los países que acapara tierras junto con Japón
en África.
Aunque estas cifras nos
dan una idea del problema, cientos de casos no están registrados ni se conocen
públicamente. Si a las tierras acaparadas para cultivos alimentarios agregá-
ramos las que se destinan para megaproyectos mineros, carreteros, urbanos,
turísticos, de energía (como el fracking y las represas), agrocombustibles,
etc., las cifras se elevan considerablemente.
En México, por ejemplo,
la mayor parte de los despojos de tierra son para desarrollos turísticos y de
minería a cielo abierto; en este último caso, del año 2000 al 2012 se
concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 hectáreas
para minería, de acuerdo con Eckart Boege. Otro ejemplo es Brasil, donde sólo
retomando 12 contratos registrados por Land Matrix sobre compras de territorios
por parte de extranjeros para proyectos mineros, de energía renovable y de
conservación en los últimos años, se genera una cifra de 698 344 hectáreas
acaparadas.
Los
siguientes retos
Desde 2014 los precios
de los alimentos y los energéticos bajaron, lo que hizo que la inversión
extranjera en tierras destinadas a estos propósitos se desacelerara, no
obstante, el despojo territorial continúa. Las preguntas que tenemos que
hacernos son por qué y para qué. En primer lugar, hay que decir que es probable
que la acumulación por despojo que caracteriza esta fase histórica llegó para
quedarse por un tiempo más largo. La crisis de 2007 puso una alerta a los
grandes capitales formados alrededor de la financiarización por el nivel de vulnerabilidad
que tiene este tipo de riqueza; en respuesta han ido generando nuevos
mecanismos para continuar mercantilizando la naturaleza, desde el aire con los
servicios ambientales, hasta las semillas.
Esto implica que los
Estados que compiten en la guerra intercapitalista, así como sus empresas y sus
emisarios, los organismos internacionales, están haciendo una fuerte campaña a
fin de institucionalizar los despojos territoriales. Desde hace diez años el BM
y la FAO se apresuraron a establecer una serie de “principios de
responsabilidad” para los inversionistas, a la vez que promovían la compra de
tierras, procurando con ello invisibilizar la ilegitimidad y la violencia de
estos procesos y crear una imagen “positiva” del despojo. Habrá que estar
pendiente sobre la articulación de los nuevos discursos que procuren legitimar
ideológicamente esta barbarie.
Otros riesgos son los
nuevos mega acuerdos que comienzan a extenderse por el mundo, como el Acuerdo
Transpacífico (TPP) que no podemos dar aún por muerto. Con estos nuevos
mecanismos se establecen condiciones muy desiguales entre los países centrales
y la periferia; se otorgan mayores privilegios y certezas jurídicas, económicas
y armadas a las inversiones extranjeras. ¿De qué se les protege? De los
pueblos, de su organización y resistencia. Esta nueva institucionalidad
colonial internacional debe ser un tema primordial para los movimientos
sociales, los académicos y partidos de izquierda.
Entre los nuevos
proyectos de despojo territorial ocupan un lugar central los vinculados con el
agua. Al estilo de Hubert Humprey, senador del Congreso de Estados Unidos en la
década de 1970, quien decía en tono cínico que había escuchado decir que la
gente podría volverse dependiente de su país para alimentarse, por lo que sería
estupenda la dependencia alimentaria de otros países, hoy algunos de los
mayores inversionistas opinan lo mismo con relación al agua. Desde hace pocos
años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse,
HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde
se encuentran las reservas de agua. Según la organización Amigos de la Tierra,
en 2015 Colombia vivía más de 72 conflictos por la privatización del agua,
Brasil 58, Ecuador 48, Argentina 32, Perú 31 y Chile 30.
Finalmente, es preciso
que en tanto fase de transición donde el capitalismo no ha acabado por definir
un modelo dominante de acumulación, surjan por un lado las preguntas oportunas
sobre lo que están haciendo las élites del poder, y por otro lado se tome
acción sobre la urgencia de articular un movimiento social más amplio en
defensa del territorio y la vida. Se necesita poner freno a las guerras del
capitalismo.
* Polette Rivero Villaverde es Doctoranda en el Programa
de Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante del Laboratorio de
estudios sobre empresas transnacionales del IIEc, ambos de la UNAM.
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