Pierina Pighi Bel
BBC Mundo
18 agosto 2017
APRODEH
El cuartel Los Cabitos fue escenario de violaciones a los derechos humanos la
sierra sur de Perú.
Unos
militares encapuchados entraron a la casa de Adelina García, en Ayacucho
(sierra sur de Perú), la noche del 1 de diciembre de 1983.
Despertaron a la fuerza
a su esposo Zósimo Tenorio, en ese entonces de 27 años, y les dijeron a ambos
que eran "terroristas", según cuenta Adelina a BBC Mundo.
Se referían a que los
consideraban miembros de Sendero Luminoso, uno de los grupos más violentos de
Sudamérica, de ideología "marxista-leninista-maoísta", que inició su
"lucha armada" en Ayacucho en mayo de 1980.
"Les dije que si
fuéramos terroristas, mi esposo estaría por ahí, haciendo otras cosas, que
ahorita estamos en nuestra casa descansando, que mi esposo trabajaba en nuestro
taller, teníamos un taller de carpintería metálica", agrega Adelina.
"Además, él no
quería pertenecer a ningún partido, era totalmente inocente".
Pero los soldados los
golpearon, Adelina se desmayó y cuando recuperó la conciencia, su esposo ya no
estaba.
"Salí
gritando a la calle, pero ya se lo habían llevado en un carro los
militares", recuerda.
Lo habían trasladado al
cuartel militar Los Cabitos como sucedió con otras 137 personas, entre las que
había menores de edad.
Estas víctimas fueron
"secuestradas, torturadas o asesinadas y desaparecidas por agentes del
Estado en Los Cabitos y en la sede de la Unidad de Inteligencia conocida como
"la Casa Rosada", en 1983 y 1984", según la Comisión de la Verdad
y Reconciliación (CVR) de Perú.
APRODEH Hay decenas de personas que solo han
recuperado prendas de sus familiares.
Los hechos ocurrieron
durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
Los crímenes fueron
cometidos en el contexto de la "lucha contra subversiva del personal
militar", según la CVR, y la mayoría había quedado sin castigo hasta
ahora.
El viernes en la
madrugada, la Sala Penal Nacional de Perú sentenció a dos de los militares del estado mayor de Los Cabitos, por
la tortura y desaparición de 24 de las víctimas.
Una de ellas es el
esposo de Adelina.
"(Después de la
detención) le pregunté a un ex militar (por Zósimo) y me dijo que lo habían
golpeado, pero que en 15 días iba a salir libre", dice la mujer, ahora de
53 años.
"Yo
esperanzada, esperé, pero nunca más (volvió)", señala. "Lo sigo
buscando".
Torturas
en Los Cabitos
La detención de Zósimo
cumple con el patrón que seguían los apresamientos de la época.
"Una de las
modalidades... era el ingreso violento de policías y/o militares en las
viviendas... para buscar material o elementos subversivos", detalla la CVR
en un informe presentado en 2003.
GETTY IMAGES Entre los desaparecidos había
menores de edad, como el dueño de esta prenda recuperada de una fosa.
Estas operaciones
solían ejecutarse de noche o de madrugada y los captores iban encapuchados,
"no se identificaban" y "portaban armas largas".
Golpeaban a las
víctimas y se las llevaban a la fuerza "a lugares desconocidos".
Cuando Adelina iba a
preguntar por su esposo a la policía, dice que le respondían que "seguramente es terruco (terrorista),
por eso se lo llevaron…".
La CVR explica que una
vez en Los Cabitos o en "la casa rosada" los victimarios torturaban a
los detenidos con la intención de que "confesaran" que eran
senderistas o que delataran a otros supuestos senderistas.
Según el informe,
ataban a las víctimas "con los brazos hacia atrás" y las colgaban con
sogas y poleas.
Volvían a golpearlas.
Las apaleaban en todo el cuerpo y las sumergían en un cilindro de agua.
Además, "se les
aplicaba electricidad en diferentes partes del cuerpo y, particularmente, en
los genitales", agrega el informe.
APRODEH Los casos que quedaron fuera de este
primer proceso que acaba de recibir sentencia están en investigación, según
dijo la abogada Gloria Cano, de Aprodeh, a BBC Mundo.
Esteban Canchari, una
de los detenidos en Los Cabitos, dijo a la CVR que en un momento, mientras lo
golpeaban, vio que "en una viga colgaban varias cadenas y sogas, había
cables de corrientes... un cilindro con agua...".
Los presos no comían ni
tomaban agua durante días o recibían "desperdicios
de comida en recipientes antihigiénicos".
A veces "se les
mostraba fosas donde podían ver restos humanos" o "se les hacía
escuchar los gritos de dolor de algún familiar cercano que estaba siendo
torturado".
Las autoridades
hallaron en Los Cabitos fosas clandestinas y un horno de incineración, según dijo Gloria Cano, de la
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada de los familiares de las 53
víctimas, a BBC Mundo, "para quemar cuerpos y que no fueran
hallados".
Para Cano, la sentencia
es histórica: "Marcan una condena a este tipo de políticas
contrasubversivas (que están) al margen de toda ley y toda dignidad
humana".
El
proceso
Derechos
de autor de la imagen APRODEH
La sentencia por el
caso de 24 de las víctimas llegó luego de seis años de juicio oral, que empezó
en 2011.
La acusación original
pedía condenas para 9 militares y el ministro de Guerra de la época por la
desaparición de 53 personas.
Pero la Sala Penal Nacional
dijo que el resto de casos no estaban "lo suficientemente probados",
según explicó Cano a BBC Mundo.
Los
familiares de las víctimas denunciaron los hechos en 1983. Pero en ese entonces
los casos se archivaron.
Se reabrieron en 2004,
a raíz del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú,
presentado en 2003.
APRODEH Familiares de las víctimas esperando
la lectura de la sentencia por los crímenes contra 53 de las víctimas del caso
Los Cabitos.
Desde entonces, Adelina
y otros familiares esperaban oficialmente una sentencia.
"Porque hasta el
momento no hemos podido enterrar, dar cristiana sepultura (a mi esposo), ese es
nuestro dolor", dice. "Hace ya 34 años que siempre me pregunto si
estará vivo o estará muerto".
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