Escrito por Prensa
Cooperaccion
Al cumplir sus primeros
12 meses como presidente constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo
Kuczynski viene cumpliendo fielmente una de sus promesas: "no
exagerar" en la normativa ambiental, "ser realistas" para atraer
inversiones(1).
En efecto, durante este
año el Gobierno ha retrocedido –aún más- en la tímida política ambiental que
había construido el Estado peruano. El Ministerio del Ambiente ya no pretende
convertirse en autoridad rectora, sino que ha sido relegado al papel de
promover campañas informativas e impulsar algunos proyectos específicos. La
errada concepción detrás de todo esto es que las políticas ambientales impactan
negativamente en el crecimiento económico.
El Gobierno se ha
comprado el discurso que los gremios empresariales han venido sosteniendo
durante los últimos años, desde que el Estado empezó a impulsar algunas
políticas de regulación y fiscalización ambiental. Según los voceros de las
grandes empresas, la excesiva "tramitología" era la causa de una
menor inversión en el sector minero y de la desaceleración de la economía.
Frente a ello, la solución sería reducir los "trámites"
–particularmente ambientales- y en general flexibilizar los reglamentos, las
exigencias y la fiscalización a las empresas.
Es a partir de este
enfoque que se deben entender las diversas decisiones que ha venido tomando la
gestión de PPK en el último año. Entre los retrocesos socioambientales más
saltantes se encuentran los siguientes:
ordenamiento
territorial en el limbo: con su nuevo Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente renuncia de manera
ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial,
contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse aprobado ninguna
norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este proceso -fundamental
para ordenar las actividades, equipamiento, servicios, etc., en un territorio-
ha quedado en el limbo legal.
propuesta
de nuevo reglamento de exploración minera: El nuevo
reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de trámites
para la exploración minera, además en determinados proyectos de exploración se
reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el viceministro Labó, el
objetivo de este reglamento es "revertir la caída de las
inversiones". Como vemos, se trata de una norma ambiental que
explícitamente tiene objetivos económicos.
los
nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que
–entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces
(pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este
"sinceramiento" buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico
de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por
tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de
PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas
de procesamiento de minerales.
aguas
residuales: el DL 1285 reduce las
exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas
residuales. Esta norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de
Calidad Ambiental para Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros
microbiológicos y parasitológicos como los coliformes totales- buscaría
facilitar la inversión en saneamiento.
reconstrucción
sin cambios: tras el fenómeno meteorológico
denominado "El Niño Costero", la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería
tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí
incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes,
Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y
regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar
corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial:
si inicialmente creímos que la "reconstrucción con cambios" tenía que
ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta
preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de
zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente
pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas
establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una
visión integral.
el
MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio
relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como
nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo
Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de
adaptación y mitigación del cambio climático.
minería
ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la
lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en
suspenso las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su
formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando
mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños
irreparables al ecosistema.
Desde CooperAcción
venimos sosteniendo que este enfoque es errado. La desaceleración económica no
tiene que ver con las normas ambientales, sino con la variabilidad global de
los precios de las materias primas y con decisiones de inversión de las propias
empresas. De hecho, una encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq(2) muestra
que los empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales
del retraso en los proyectos mineros son "decisiones estratégicas de la
casa matriz", "menores precios", "mayores costos" y
"problemas con el mantenimiento", versus apenas 5% que menciona
"trámites del gobierno nacional". Adicionalmente un 23% considera que
la causa principal son "conflictos sociales", los mismos que en gran
parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.
Relajar las normas
traerá a la larga no solo mayores costos sociales y ambientales, sino también
mayores costos económicos para la sociedad y para el Estado, pues los problemas
que se generan en algún momento tendrán que resolverse y alguien debe
responsabilizarse de ellos. Un aire de peor calidad, asociado a enfermedades
que deberán ser tratadas por el sistema de salud, se traducirá en mayores
gastos. Un agua de peor calidad costará más para ser potabilizada e igualmente
puede ocasionar a la larga una serie de enfermedades. El crecimiento de nuestras
ciudades y otros centros poblados sin planificación territorial hace que se
deterioren las condiciones de vida e incrementan nuestra vulnerabilidad a
múltiples amenazas, las cuales se pueden intensificar en un contexto de cambio
climático. Ya en 2007 un informe del Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los
costos económicos de la degradación ambiental en el Perú. La incapacidad actual
del Estado para afrontar la gravísima contaminación que sufren poblaciones como
las de Simón Bolívar (Pasco), Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la
dramática realidad de esta cifra.
Para un desarrollo
sostenible en el tiempo, el Gobierno debe dejar atrás este enfoque caduco que
contrapone economía versus ambiente. Una inversión con visión de futuro debe ir
de la mano con una autoridad ambiental fuerte y con capacidad para garantizar
el bienestar de las personas y de los ecosistemas.
26 de julio de 2017
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(1) “PPK
buscaría reducir estándares ambientales para promover refinerías. Mandatario
electo dijo que actuales normas ambientales del país "son irreales" y
"tenemos que cambiar eso".”. Nota en La República, 4/07/2016: http://larepublica.pe/politica/785489-ppk-buscaria-reducir-estandares-ambientales-para-promover-refinerias
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