19 julio 2017
Los zo'és son un pueblo indígena muy aislado que fue
forzosamente contactado en los años 80. Muchos de ellos murieron por
enfermedades contra las que no tenían inmunidad.
© Fiona Watson/Survival
29 organizaciones indígenas de distintos puntos de Sudamérica
se han reunido en Brasil para condenar a los gobiernos que no han sabido
proteger las vidas y las tierras de los pueblos indígenas aislados;
una realidad, dicen, equivalente al genocidio.
Representantes de pueblos indígenas y tribales de Brasil,
Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela asistieron a la gran conferencia
organizada por el brasileño Centro de Trabajo Indigenista (CTI)
el pasado junio.
Desde la conferencia se recriminó el “incremento exponencial”
de la violencia hacia los
pueblos indígenas en todo el continente y calificaron de genocidio la
falta de una protección adecuada a los territorios de pueblos indígenas
aislados.
Los garimpeiros o buscadores de oro asolaron a los yanomamis
entre los años 80 y 90, y todavía representan una amenaza genocida para los
miembros no contactados de la tribu.
© Colin Jones/Survival
Brasil ha estado recientemente en el punto de mira debido a
los recortes que ha realizado en la financiación de la Fundación Nacional del
Indio (FUNAI). Dichos
recortes, especialmente los que afectan a equipos que protegen territorios de
indígenas aislados, dejan a los pueblos no contactados peligrosamente expuestos
a la violencia de los foráneos y a enfermedades, como la gripe o el sarampión,
contra las que no tienen inmunidad.
Aunque es algo insólito, Brasil ya ha tenido dos condenas por genocidio en
los tribunales, ambas por crímenes contra pueblos indígenas. La convención
sobre genocidio de la ONU se firmó hace 69 años, en diciembre de
1948.
Una patrulla de agentes de FUNAI. Equipos como este son
vitales para la protección de los territorios indígenas, pero el Gobierno
brasileño está recortando su financiación.
© FUNAI
Un senador brasileño está proponiendo un nuevo proyecto de
ley, con el fin de proteger a los indígenas aislados, según el cual cualquier
entrada no autorizada a territorio de tribus aisladas sería considerada como un
incumplimiento de la “ley del genocidio” brasileña. Sin embargo, activistas e
investigadores temen que los estrechos lazos del Gobierno actual con el
corrupto lobby del agronegocio puedan obstaculizar los esfuerzos por crear
protecciones más sólidas.
Este senador, Jorge Viana, es del estado de Acre. Acre es
hogar de múltiples pueblos indígenas no contactados y otros pueblos indígenas
como los sapanawas, que se vieron obligados a un primer contacto en
2014.
Todos los pueblos indígenas aislados se enfrentan a una
catástrofe a menos que su tierra sea protegida. Desde Survival International
estamos decididos a garantizar dicha protección para que tengan la oportunidad
de decidir su propio futuro.
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