El Salvador consiguió prohibir la
minería metálica. Las transnacionales no podrán explotar en el país. En esta
entrevista, el activista ambiental Edgardo Mira explica el proceso de lucha y
el significado de la decisión.
Por Mariano
Schuster
Julio 2017
Hace pocos meses, El Salvador
aprobó una ley contra la minería metálica. Esta medida se consiguió luego de
años de lucha de organizaciones sociales y ambientales. ¿En qué contexto se
encaró este proceso de lucha y como se logró aglutinar en el país una fuerza
tal que permitiese evitar el desembarco de las transnacionales para desarrollar
los proyectos de minería metálica?
Debo decirte que nosotros vivimos
hoy las consecuencias de la instalación de industrias desarrolladas durante el
siglo pasado. Existe un ejemplo claro que es el de la Minera San Sebastián en
el Municipio de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión. Allí es
evidenciable la presencia de un alto nivel de contaminación y, particularmente,
de drenaje ácido que ha terminado con la vida de un río que, en su momento, era
parte fundamental para la vida de los pobladores. Ese es un ejemplo vivo y
presente de la situación de lo que significa la minería en materia
socioambiental y de su impacto sobre los bienes hídricos. Por lo tanto,
nosotros teníamos en nuestro propio país los ejemplos para demostrar los
efectos de este tipo de industrias. Efectivamente, tal como tu dices, nada de
lo que conseguimos hubiera sido posible sin un proceso de resistencia. Este
proceso comenzó en 2004 con la aparición de las primeras informaciones sobre
empresas mineras que estaban ingresando al país con el interés de realizar explotaciones.
En ese marco, organizaciones sociales y ambientales localizadas en las zonas
potencialmente mineras comenzaron a expresar una preocupación sostenida en el
tiempo. Pese a ello, existía un problema y era que la inmensa mayoría de
quienes participábamos en temáticas socioambientales no teníamos conocimientos
profundos de la minería como industria. Lo primero, por lo tanto, fue tratar de
articular posturas y comprender realmente la situación. Por eso, en 2005,
decidimos emprender un proceso de lucha y de resistencia, tomándonos muy en
serio el análisis y el estudio de la situación específica. Esas organizaciones
que conformamos la Mesa Nacional contra la Minería Metálica comenzamos a
plantear un discurso y un posicionamiento político muy claro, además de una
propuesta de desarrollo alternativo.
Y ese discurso ¿en quién encontró
eco? ¿En las organizaciones de izquierda y del progresismo? ¿Qué sucedió con el
gobierno?
En primer lugar, debo decirte que
este discurso político consideró la situación socioambiental en el país,
particularmente la situación de las aguas y la situación demográfica y
económica. Esta posición fue socializada en primer lugar con las poblaciones
que viven en las zonas potencialmente mineras. Junto con ellos, construimos la
fuerza política de resistencia. Eso implicó construir organización social.
Desde entonces, se iniciaron diálogos –a veces muy adversos y complicados– con
sectores de la sociedad como la Iglesia católica, partidos políticos
–particularmente, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional– y con
estructuras de gobierno municipales, departamentales y nacionales. Lo que
pusimos en discusión fue el modelo de desarrollo que se pretendía instalar. Esa
es la posición que mantenemos hasta la fecha, incluso después de la aprobación
de la ley contra la minería metálica. Esa tarea de sensibilización sobre el
modelo de desarrollo dio resultados. Pese a ello, hoy no podemos abandonarla,
porque el interés de las grandes empresas transnacionales sigue latente.
La lucha contra las empresas
transnacionales no suele ser gratuita en ningún lugar. ¿Qué sucedió con los
luchadores? En el caso de El Salvador, se produjo un fuerte nivel de
criminalización y hasta llegó a haber asesinatos. ¿Cómo lograron sortear esa
situación y construir alianzas sociales amplias que permitiesen que el discurso
contra la minería metálica consiguiese hacerse hegemónico?
Evidentemente, no fue fácil. Se
produjo una criminalización de nuestra lucha y, como dices, llegaron a
producirse asesinatos contra ambientalistas que batallaban contra la minería
metálica. Eso refleja, desde luego, la complejidad de la lucha. Pero quiero
mencionar un asunto fundamental, que a veces se escapa del debate. Nuestra
lucha siempre se visualizó contra las empresas transnacionales porque el
interés de estas empresas, provenientes sobre todo de Canadá y de Estados
Unidos, ha sido históricamente el de querer acaparar los bienes naturales de
los salvadoreños y las salvadoreñas. Por eso, aun siendo críticos de las
posiciones de poder del capital nacional salvadoreño, debo decir que
encontramos apoyo. La contradicción principal era con las transnacionales y, al
demostrarle al sector del capital salvadoreño a través de estudios
científico-técnicos muy rigurosos, que ellos mismos perderían si se instalaba
la minería metálica en el país, conseguimos un aliado importante. El hecho de
que la agricultura, la ganadería y espacios industriales muy específicos se
verían dañados con la instalación de estas mineras ayudó a que la clase
capitalista salvadoreña y sectores del pequeño y mediano empresariado
reflexionaran sobre la situación. Ellos, finalmente, vieron el peligro de abrir
el espacio a la minería metálica. Eso permeó tanto que, a partir de 2006, el
gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de corte derechista,
decidió no otorgar un permiso de explotación y llegó a retirar otro a una
empresa llamada Commerce Group. Evidentemente, las empresas transnacionales
reaccionaron con virulencia. Muchas de ellas demandaron al país frente al
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Ese mismo gobierno, en 2009, comunicó de manera pública que, en tanto durara su
gestión, no permitiría la explotación de la minería metálica. Entonces, como se
ve, hasta un partido tradicional de derecha, que suele responder a los
intereses del gran capital, tomó una decisión política significativa. Esto
indica que los sectores del capital salvadoreño no estában vibrando al son de
los intereses del gran capital extranjero.
¿Y qué pasó con actores sociales
como la Iglesia católica, tan importante en su país?
La Iglesia católica se pronunció
abiertamente en contra de la minería metálica en 2007. Eso generó un gran
impacto en la sociedad salvadoreña y en los tomadores de decisión. La adopción
de una postura de este tipo por parte de una institución tan importante
favoreció mucho a la hora de desarrollar una correlación de fuerzas suficiente
para poder aprobar la ley contra la minería metálica y derrotar a las
transnacionales. Esas empresas, evidentemente, no se dan por vencidas muy
rápidamente. Incluso hoy, después de la aprobación de la ley, siguen
insistiendo en sus deseos de llegar al país. Por eso, si bien es cierto que con
la ley se envía un mensaje claro a las empresas transnacionales y se da un
margen de certidumbre a la población, no podemos desmovilizarnos de ninguna
manera. El trabajo colectivo debe seguir porque el retroceso siempre puede
llegar. La función, ahora, es consolidar el acuerdo político que se expresó el
29 de marzo con la sanción de la ley de prohibición de la minería metálica.
Estimo que para conseguir apoyos
y demostrar los efectos de la minería metálica tuvieron, además, que empaparse
de experiencias concretas. ¿Cuáles fueron esas experiencias y en qué medida
sirvieron para demostrar los peligros de la explotación minera?
Claramente tuvimos que observar
experiencias ajenas. Y tuvimos, por supuesto, que desarrollar un gran nivel de
paciencia, de capacidad, de resistencia y de lucha. En tal sentido, no podemos
ignorar el papel de la solidaridad internacional en esto. Organizaciones del norte
y del sur del mundo apoyaron nuestra lucha. Hubo que hacer una gran labor para
demostrarle al gobierno de Canadá lo que sus empresas hacen en nuestros países.
Hubo que empeñarse en hablar con el Banco Mundial, el CIADI y otros organismos.
Creo, en tal sentido, que una de las lecciones de esto es la capacidad de
demostrar en el terreno lo que es la minería metálica. Nosotros tuvimos la
oportunidad de hacerlo. Conocimos experiencias verdaderamente horribles, como
las de Yanacocha en Ecuador o la del Proyecto Conga en Perú. Vimos con mucha
preocupación el proyecto Pascua Lama con el que la Barrick Gold pretende
explotar una mina a cielo abierto en Argentina y Chile para extraer oro y otros
minerales. Cuando uno ve de manera viva el daño ambiental, se fortalece la
lucha y la capacidad de propuesta de un modelo de desarrollo alternativo. Eso
no sería posible, sin embargo, sin el diálogo permanente con las poblaciones
afectadas. Nosotros tuvimos fuertes debates con las empresas, que se animaron
incluso a calificarnos de incompetentes. Tuvimos que demostrar que mentían.
Expresamos que la minería, al contrario de lo que ellas afirmaban, generaba
daños ambientales y conflictos, y no producía ningún tipo de desarrollo sano.
Eso solo fue posible a partir de nuestras visitas a sitios específicos donde
hay producción minera de este tipo, como Perú y Chile.
Finalmente, consiguieron la
aprobación de la ley que prohibe la minería metálica. ¿Qué valoración hace de
esto luego de más de diez años de lucha?
La aprobación de la ley es, sin
duda, una alegría y un punto importante en nuestra lucha. Logramos algo que a
muchos les parecía imposible. Eso, como comentaba, fue posible solo por el
proceso de lucha y resistencia. El hecho de que el arzobispo de San Salvador,
monseñor Alas, se presentase a la Asamblea Legislativa para defender el
proyecto de ley tuvo también un gran impacto. Y, más aún, que organizase una
peregrinación a la misma Asamblea Legislativa para solicitar el apoyo de los
diputados. Eso impactó mucho en partidos de derecha que, en general, son más
bien reacios a este tipo de cuestiones. Los 12 años de lucha tuvieron eco y
frutos. La capacidad de diálogo y de propuesta, el conocimiento
científico-técnico y la movilización de las comunidades fueron la base que ayudó
a alcanzar este ético. Pero la base, lo verdaderamente fundamental, es que las
organizaciones tomaron decisiones políticas frente al problema. No se puede
afirmar, por un lado, que se está en contra del extractivismo y, por otro,
decir que cuando llegan las transnacionales se generan beneficios para el país.
O es una cosa o es la otra. La coherencia política de las organizaciones fue
clave. Nosotros tomamos la decisión de luchar y de oponernos totalmente a la
minería metálica en cualquiera de sus formas, independientemente de quién la
realizara. Hubo momentos en que llegaron a decirnos que había gente de
izquierda interesada en explotar. Y nosotros dijimos que eso no nos importaba,
que nuestra posición era de principios y no cambiaba según el actor. Ese fue
nuestro triunfo.
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Edgardo Mira es miembro de
la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador.
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