Decenas de
miles de personas se movilizan a Plaza de Mayo junto a madres, abuelas y
familiares de desaparecidos
Miles de pañuelos blancos en la Plaza de Mayo contra el fallo
que beneficia a represores argentinos. EITAN ABRAMOVICH AFP
Buenos Aires 11 MAY 2017 - 18:49 CEST
Argentina demostró en las calles y en el Parlamento que en temas de memoria histórica sigue siendo un ejemplo mundial.
Los anticuerpos incrustados en la sociedad argentina después de años de
convivir con los represores en las calles, tras los indultos de 1991, han
provocado una inédita revuelta cívica contra la Corte Suprema y su fallo favorable a los condenados por delitos de
lesa humanidad. Después de una movilización política inédita, que hizo que en
menos de 24 horas el Congreso aprobara de forma casi unánime una ley para
limitar el efecto de ese fallo e impedir que salgan a la calle antes de tiempo,
llegó la hora de la calle. Y decenas de miles de personas salieron a gritar
"nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad, nunca más
genocidas sueltos".
Familias enteras con niños pequeños, y mucha gente joven -el
antídoto pasa de generación en generación- acudieron a la Plaza de Mayo para rechazar la sentencia y recordar que estarán allí
cada vez que alguien intente modificar una política de Estado que ha hecho de
Argentina un modelo a seguir y la envidia para muchas víctimas en otros países.
Hubo gritos contra el Gobierno, al que algunos acusan de estar detrás de la
sentencia -aunque se ha desmarcado y hasta el presidente, una semana después,
la ha rechazado- pero el ambiente era de felicidad porque la presión ha dado
sus frutos.
"Afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza.
Numerosos jueces están rechazando los pedidos de excarcelación de los
represores. Los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación de la sentencia de la
Corte Suprema. Esto nos llena de esperanza y gratitud. No estamos solos
como en otras épocas", sentenció Estela Carlotto, líder de Abuelas de la
plaza de Mayo. "Ole, olá, adonde vayan los iremos a buscar", cantaba
la plaza. Miles de pañuelos blancos, los mismos que llevan las Madres y Abuelas
de la plaza de Mayo, llenaron la plaza como gran símbolo de apoyo a un lucha
que acaba de cumplir 40 años. Precisamente la marcha culminaba a pocos metros
de la pirámide que cada jueves desde 1977 es el escenario de su
protesta frente a la Casa Rosada, el palacio de Gobierno argentino. La movilización social fue
enorme e implicó también al mundo de la cultura. Escritores como Claudia
Piñeiro y Luisa Valenzuela suspendieron los actos que tenían previstos en la
Feria del Libro, una de las más importantes del mundo, para estar en la plaza y
convocar a todos sus lectores allí.
Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas y Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por razones políticas, que convocaron la marcha, estaban
desbordadas por el éxito. Según los organizadores había 400.000 personas. La
marcha era enorme, con una columna que superaba los 500 metros, no en una sino
en todas las arterias que desembocan en la plaza. La masiva movilización se
organizó para rechazar el fallo de la Corte Suprema que permite aplicar el
llamado dos por uno, esto es que los días pasados en prisión preventiva cuentan
doble, a los más de 500 represores de la última dictadura militar que aún
siguen en prisión.
Poco antes
de la marcha, en un intento de la política y en especial del
Gobierno, que nombró a dos de los tres jueces –Rosatti, Rosenkantz y
Highton de Nolasco- que firmaron la sentencia, para no verse arrollado por la
movilización social en contra del fallo, el Congreso Nacional sancionó de
urgencia una ley que limita los alcances de la norma de la que se valió el máximo
tribunal en el caso del exmilitar Luis Muiña. “Señores jueces nunca más, ni un
solo genocida suelto”, rezaba un cartel ubicado en uno de los palcos instalados
en la plaza.
El
movimiento social es de tal calibre que el rechazo a la sentencia puso en sintonía
por primera vez a Mauricio Macri, que dijo "estoy en contra de cualquier
herramienta que esté a favor de la impunidad, más cuando se trata de delitos de
lesa humanidad", y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien
desde Bruselas, una de las paradas de su gira europea, afirmó: "Con estos
tres votos se quiere retrotraer a la Argentina a 20 años atrás en materia de
derechos humanos luego de llegar a ser ejemplo en esta materia". Ahora el
problema es para los tres jueces que aprobaron el fallo, dos de ellos nombrados
por el Gobierno, cuya imagen ha quedado muy tocada pocos meses después de tomar
posesión. Las repercusiones de este ambiente en la propia Corte Suprema son aún
imprevisibles, ya que su presidente, Ricardo Lorenzetti, quedó en minoría con
su rechazo a la sentencia.
Tati
Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a EL PAÍS que “se
demostró una vez más que el pueblo unido jamás será vencido. Es tan aberrante esta ley dos por uno que esta Corte Suprema tuvo la
osadía de dictar, queriendo dejar en libertad a los genocidas y a sus cómplices
que la reacción no solo ha sido en Argentina sino también en el extranjero”.
“El gobierno se dio cuenta, porque finalmente es en este gobierno que ocurren
estas cosas, ya que desde que está Mauricio Macri se violan permanentemente los
Derechos Humanos. Entonces, comprendieron que era un papelón internacional y
algunos empezaron a querer despegarse". “Qué casual que la jerarquía de la iglesia también habla de reconciliación.
Jamás. Ni reconciliación ni perdón. Los únicos que podrían hacerlo son nuestros
hijos y no están”, cerró Almeida.
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