COMUNICADO
La Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH) alerta la intención congresal de concretar
ilegalmente una reforma constitucional para ampliar las detenciones
preliminares hasta por 48 horas, y hasta por 15 días por cargos de crimen
organizado, con lo que se podría agravar la criminalización de las y los
defensores de derechos humanos que lideran y/o participan en protestas en
defensa de sus comunidades.
La propuesta de reforma
constitucional surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno constituye una
grave amenaza a la vigencia irrestricta de los derechos de la libertad y debido
proceso, y no alienta en sí mismo un mejor funcionamiento del sistema de
adminitración de justicia para lograr una efectiva seguridad ciudadana que
permita la tranquilidad de todas las personas. Por el contrario, contraviene
obligaciones internacionales del Estado peruano en estas materias, distrayendo
a la ciudadanía con medidas populistas pero poco útiles.
Además, puede convertirse en
una herramienta de persecución penal de la ciudadanía organizada que cuestione
el modelo económico. La historia reciente de criminalización de la protesta
social, de abuso frente a líderes estudiantiles y movimientos que se
organizaron para defender sus derechos laborales, nos demuestra los altísimos
riesgos que implica otorgar excesiva discrecionalidad a los agentes estatales
para la detención de personas.
Esta iniciativa, surgida del
fujimorismo y la bancada de gobierno, recibió apoyo unánime del Congreso en la
primera votación de diciembre de 2016 en el marco del periodo anual de sesiones
2016-2017, quedando pendiente su segunda votación en el siguiente periodo anual
2017-2018, según manda el artículo 81 del Reglamento del Congreso. Sin embargo,
a pesar que dicho periodo empezará recién el 28 de julio de 2017, esta votación
figura en la agenda del Pleno desde la semana pasada.
Demandamos al gobierno, y en
especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como a la Defensoría
del Pueblo, pronunciarse pública y urgentemente sobre este asunto. Asimismo,
exigimos a las y los congresistas respetuosos de las obligaciones
internacionales del Estado en materia de derechos humanos y comprometidos con
la garantía de estos, rechazar esta medida, impedir su votación ilegal y
desarrollar iniciativas legislativas que ataquen el problema de fondo de
seguridad ciudadana sin populismos penales que pongan en riesgo la vigencia
irrestricta de derechos fundamentales.
De igual manera, alertamos a
la comunidad internacional de los pasos que se están dando en el país para
agravar un régimen que persigue penalmente a quienes se organizan para defender
sus derechos, cuestionan y protestan, pasos que son propiciados de manera
conjunta por un Congreso de la República con una mayoría de 72 congresistas
fujimoristas y por el Poder Ejecutivo.
Lima, 19 de abril de 2017
Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos
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