Victoria Tauli Corpuz,
relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Crédito: Mark Garten/ONU.
NACIONES UNIDAS, 27 ene 2017
(IPS) - Este año se cumple el décimo aniversario de la Declaración de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, lo que dio pie a que distintos activistas analizaran los problemas
que aún aquejan a estas comunidades.
La Declaración,
aprobada el 13 de septiembre de 2007, fue la primera de su tipo en reconocer y
destacar la importancia de los derechos indígenas.
"Que los pueblos indígenas
continúen afirmando y reivindicando sus derechos consagrados en la Declaración
de la ONU, pero que también convoquen a los Estados a cumplir realmente con su
obligación”: Victoria Tauli Corpuz.
La declaración “contiene el
carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene por
objeto remediar tipos de injusticias históricas y actuales”, declaró Victoria
Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, durante una rueda de prensa celebrada el jueves 26.
Aunque no es jurídicamente
vinculante, la declaración garantiza a los grupos indígenas el derecho a la
libre determinación, a la tierra y a vivir libres de cualquier tipo de
discriminación.
Sin embargo, Tauli Corpuz
señaló que hay “graves retrocesos” en la implementación de los derechos
indígenas, incluida la amenaza de que industrias mineras y extractivas despojen
a las comunidades de sus tierras tribales.
El presidente
estadounidense, Donald Trump, anunció en los últimos días su plan de autorizar
los polémicos oleoductos Dakota Access (DAPL, en inglés) y Keystone XL,
proyectos que fueron previamente suspendidos por el anterior mandatario, Barack
Obama, debido a la preocupación por las consecuencias que traerían para el
ambiente y por la falta de consultas con grupos indígenas americanos.
La situación en torno al
DAPL llegó incluso a las salas de la ONU, lo que llevó a Tauli Corpuz a pedirle
al gobierno de Estados Unidos que, de conformidad con su compromiso de aplicar
la Declaración, consultara a los grupos indígenas a quienes se les negó el
acceso a la información y fueron excluidos del proceso de planificación del
proyecto.
“Es de lamentar que ahora, a
pesar de que las demandas aún no fueron respondidas… ese tipo de decisión tiene
que ser nuevamente consultada con los propios pueblos indígenas porque, a fin
de cuentas, son ellos los que serán directamente afectados”, subrayó.
Los relatores especiales son
expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, y no son funcionarios permanentes de la organización.
Aunque el ejército de
Estados Unidos anunció que inició un proceso de Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de 3.800 millones de dólares, voces
críticas sostienen que el Cuerpo de Ingenieros de esa fuerza no evaluó
adecuadamente el potencial de derrames de petróleo del oleoducto ni sus
consecuencias para el ambiente.
Según datos del gobierno
estadounidense, los derrames de oleoductos son bastante comunes, lo que aumenta
el riesgo de contaminación del agua. Entre 2010 y 2013 se produjeron unos 2.000
incidentes de fugas, que ascienden a un promedio de 1,6 por día.
La extracción, el transporte
y la combustión del petróleo también aceleran las emisiones de metano y carbono
a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático.
“No nos oponemos a la
independencia energética. Nos oponemos a proyectos de desarrollo
imprudentes y políticamente motivados, como el DAPL, que ignoran nuestros
derechos en los tratados y arriesgan nuestra agua”, respondió el presidente de
la tribu sioux de la reserva de Standing Rock, David Archambault II, a la orden
del presidente Trump de continuar con la construcción del oleoducto en su
territorio.
“La creación de un segundo Flint no hará que
Estados Unidos sea grande de nuevo”, agregó refiriéndose a la ciudad de
Michigan donde el agua potable está contaminada con plomo.
Erich Pica, presidente de la
organización ecologista Amigos de la
Tierra, opinó que las decisiones reflejan el desprecio de Trump por los
“millones de estadounidenses que lucharon para proteger nuestra tierra, el
agua, los sitios culturales sagrados y el clima del peligro de los oleoductos”.
Tauli Corpuz también criticó
un proyecto de ley del estado de Dakota del Norte que legalizaría el atropellar
por accidente a los manifestantes que bloquean las carreteras, como sucede con
los activistas contrarios al DAPL.
“Esta ley… no es en absoluto
coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo puede
justificarse el atropellar o tratar violentamente a un manifestante cuando cada
persona tiene derecho a protestar?”, se preguntó. Los pueblos indígenas
simplemente protegen sus derechos sobre la tierra, añadió la relatora especial
de la ONU.
Tauli Corpuz hizo hincapié
en la necesidad de que los países incorporen la Declaración de la ONU a sus
planes y leyes nacionales para garantizar los derechos indígenas.
“Mi mensaje es que los
pueblos indígenas continúen afirmando y reivindicando sus derechos consagrados
en la Declaración de la ONU, pero que también convoquen a los Estados a cumplir
realmente con su obligación” de aplicarla, exhortó Tauli Corpuz.
“Lo que tenemos que hacer
ahora es utilizar en serio la celebración por este décimo aniversario de la
Declaración de la ONU para fortalecer aun más el diálogo”, concluyó.
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Traducido por Álvaro
Queiruga
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Extraído: http://www.ipsnoticias.net/2017/01/graves-retrocesos-en-la-proteccion-de-los-derechos-indigenas/
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