Silvina
M. Romano es Dra. en Ciencia Política.
Investigadora
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,
Universidad de Buenos Aires.
El
problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”,
sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o
posneoliberales1. Lo aseveran los
think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y
voces expertas sobre lo que “sucede” en la región2.
Lo
advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de
Gabinete de Trump3.
Aseguran
que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado
de funcionarios de gobierno corruptos.
Agrandaron
el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público,
con el único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de
influencias y
fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado
para evitar la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, los funcionarios y
políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero,
son por definición corruptos y además ineficientes. Son incapaces de manejar al
Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y
(supuestamente) del Estado en su totalidad4.
Esta
serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido
por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha
contribuido al menos a dos fenómenos: el primero y de cortomediano plazo, es el
de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la
despolitización de la política, el desprecio por
“lo público” y el prejuicio respecto de lo estatal como ineficiente.
El
hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado
profundo en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática
particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de derecha.
Tampoco
obedece únicamente a factores coyunturales. Por el contrario, forma parte de un
proceso histórico que encuentra parte
de sus raíces en el ajuste estructural implementado en América Latina a partir
de la década de los ’80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las
agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La “modernización” del Estado,
que tenía por objetivo una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la
corrupción y el favoritismo, fue argumento clave para el
adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo público en virtud de lo privado.
El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematización de tales premisas
como lineamientos para la acción de gobiernos dedicados a procurar que el
Estado se subsumiera a las necesidades del sector privado.La empresarialización
del Estado5.
Las reformas judiciales
Uno
de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización
del Estado” fue el judicial. Tuvieron especial protagonismo los organismos de “asistencia
para el desarrollo” bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.6 Este asesoramiento en la transformación
de los aparatos judiciales constituye un eslabón más en una cadena de relaciones
dependientes y asimétricas establecidas por la dinámica y normativas inscritas en
la asistencia para el desarrollo (al menos desde la Guerra Fría hasta la
actualidad)7.
El
objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una reorganización del
Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales
que permitieran el flujo de inversión extranjera directa y el acceso a mercados
“sanos”. Debía garantizarse un “buen funcionamiento” de las instituciones para
garantizar el desarrollo8.
Guatemala
fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras
la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron asesores, recursos para
infraestructura e informática y
el “know how” de la experiencia en países centrales, particularmente en EEUU9.
El
resultado fue una reforma superficial, en el plano de lo técnico, con una
fuerte dependencia de la asesoría y fondos provenientes del extranjero. Los avances
a partir de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (desde el juicio al dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea)10 se ven limitados por estar enmarcados
en un Estado que en términos generales representa los intereses de una minoría
privilegiada (tanto la vieja oligarquía como los nuevos empresarios) asociada
directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado
ausente en materia de bienestar socioeconómico para las mayorías, que nunca fue refundado11. Un Estado que, desde 1954 hasta la
actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos, recomendaciones y
financiamiento del sector público-privado estadounidense y las
agencias de asistencia para el desarrollo de otros países centrales. Guatemala
es un país condenado por la opinión pública internacional debido a la
corrupción y la violencia, pero de ningún modo se lo coloca como el peor caso.
Por el contrario, la corrupción es particularmente “grave” en aquellos Estados donde
hubo o están vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos
posneoliberales, notándose una mayor presión local e internacional para una judicialización
de la política desde arriba.
Un
caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia
de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para lareforma judicial.
Estos fondos tendieron a beneficiar
a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemáticamente en
desmedro del bienestar de las mayorías12.
Con
la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo reformas
estructurales, incluida la democratización del aparato judicial: es el único
país de América Latina donde los representantes judiciales son elegidos en las
urnas. Sin embargo, sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National
Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través de
fundaciones13.
Una
de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de
febrero de 2015, se centró en la difamación y desmoralización del gobierno de
turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas fehacientes.
Sin
proceso legal adecuado, se manufacturó el “caso Zapata”. La red de intereses tejida
entre la prensa local, fundaciones, think
tanks y voces expertas hicieron campaña destacando la corrupción como principal
atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostró que
las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso
Zapata influyó para que buena parte de la ciudadanía se inclinara por el NO al
momento del referendum14. Se
desvió la batalla política al campo judicial.
Brasil
es sin dudas el paradigma de la judicialización de la política desde arriba,
como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada
(aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir
la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus principales
líderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato
judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava Jato, fue uno de
los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación realizados por el
Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios judiciales latinoamericanos
en el 2009, en el marco del “programa Puentes”15.
Técnicas de recolección de información como la “delación premiada”, así como el
espionaje (intervención de líneas telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos
o burós privados de abogados, parecen formar parte del know how adoptado.
El
juicio a Lula da Silva es otra muestra: considerando el modo en que
“apresuraron” su expediente frente a otros casos, la ausencia de pruebas y la
campaña mediática que lo cubrió16, da
cuenta del modo en que EEUU y las derechas de América Latina están recurriendo a
la “justicia” como arma para una guerra librada contra la política de gobiernos
y procesos progresistas. Es “lawfare”, la guerra jurídica17.
El objetivo
Esta
guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas
(íntimamente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU):
más allá de los protocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a aniquilar
sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor fuerza y/o
éxito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan el flujo de
combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a mercados y la
rentabilidad de las inversiones). Para ello, se presenta como objetivo de
mediano-largo plazo la anulación de lo político, la despolitización del Estado,
evitar ante todo su intervención en la economía, lograr que devenga en un ente
técnico subsumido a las reglas del mercado. Se promueve que sea dirigido por
tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía, apartarlo de la
causa de las mayorías. Hacerlo más eficiente para el sector privado.
Este
es el objetivo de la “lucha contra la corrupción” librada desde los medios
hegemónicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan
un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la
inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente postergadas.
Es la democracia de una “clase media”
(imposible de ser definida) cuya única causa sería la de “instituciones transparentes”,
“índices de violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos, para todos los
políticos”. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser
gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la política.
Así, en los discursos contra la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”,
se va reforzando la urdimbre de la ideología dominante, alimentada por la
“frustración” generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus
pueblos.
Unido
a este relato, resurge con fuerza el neoliberalismo, un camino que ya hemos
transitado en América Latina, que garantiza la salud de los mercados y la
profundización de la miseria, injusticia y violencia ¿y quién se atrevería a
afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de corrupción?
4 En informe reciente, asesores
del FMI advierten que en los gobiernos donde ha habido un giro a la derecha, la
economía ha retomado el rumbo “correcto”
5 Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP
10 Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP;
CICIG -http://bit.ly/2cbQ6Wd
11 Ver por ejemplo el vínculo
entre elites y “crimen organizado” – InSight Crime: http://bit.ly/2F2KX5d
12 Tellería, Loreta y
González, Reina (2015). Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y
dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz: Centro de
Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
13 ned.org/region/latin-america-and-caribbean/
bolivia-2016/ [recuperado 15/11/2017].
16 Sotelo Felipe, M. (2018)
“Lawfare, this crime call justice”.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y
Domelles, J. Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula. CLACSO: http://bit.ly/2EOAzPm
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