Se requiere todavía
mucha imaginación, energía y determinación por parte de todos los actores para
alcanzar un futuro que sea tanto justo como sostenible
LUCAS CHANCEL
Mercado ambulante en La
India.
SIMON / PIXABAY
1 DE NOVIEMBRE DE 2017
En un contexto de
aumento de las desigualdades y de desempleo endémico, las políticas
medioambientales son a menudo percibidas como desafíos subsidiarios, cuando no
tildadas de medidas anti-pobres. ¿Acaso no ha declarado recientemente Donald
Trump su retirada del acuerdo de París sobre el cambio climático argumentando
que este resulta desfavorable para los trabajadores norteamericanos?
Sin embargo, existe un
vínculo estrecho entre injusticias medioambientales y sociales. En Insoutenables inégalités [Desigualdades insostenibles]
(Ed. Les Petits Matins) sostengo, basándome en trabajos empíricos llevados a
cabo en el Iddri y en otras entidades, que este vínculo se asemeja a un círculo
vicioso. Aquellas personas con menos recursos poseen en efecto un acceso más
reducido a recursos medioambientales como agua, energía o alimentación de
calidad. A modo de ejemplo, un indio de ingresos muy bajos se conforma con 4kWh
para el conjunto de sus necesidades, mientras que sus compatriotas acomodados
consumen diez veces más energía. En Francia, el 10% menos acomodados consumen
73kWh por persona frente a los 262 kWh de los más ricos.
Frente a los riesgos
medioambientales, no todo el mundo se encuentra igualmente preparado. Esta
constatación sirve para el impacto de la polución sobre la salud: en Francia,
se contabilizan 50.000 muertes prematuras causadas cada año por la polución
atmosférica. Las clases populares urbanas pagan un costo enorme, pues pasan más
tiempo en los transportes que la media y sus viviendas se encuentran a menudo
mal ventiladas.
De igual manera ocurre
con las catástrofes naturales, inundaciones, sequías o tormentas: aquellas
personas con menos recursos se encuentran más expuestas y son más vulnerables.
En Inglaterra, del 10% de los menos acomodados un 16% viven en zonas con riesgo
de inundación frente a un 1% de los 10% más acomodados. Ocurre lo mismo a nivel
mundial, más de 2,5 mil millones de personas viven a menos de 100 kilómetros
del litoral: entre ellas, más de tres cuartos viven en un país en desarrollo.
Si son aquellas personas
más humildes las que se encuentran desproporcionadamente afectadas por las
consecuencias del cambio climático y otros desajustes medioambientales, son sin
embargo estas quienes menos lo han favorecido. A escala mundial, el 10% más
acomodado (principalmente americanos y europeos, pero también ricos chinos,
saudíes o latinoamericanos) produce un 45% de las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero mientras que el 50% más humilde, solamente produce un 13%
tal y como hemos demostrado junto al economista Thomas Piketty.
¿Cómo romper con el
círculo vicioso de las desigualdades socio-medioambientales? Conciliar justicia
social y conservación del planeta se encuentra a nuestro alcance, pero esto
requiere franquear una nueva etapa de la construcción del Estado social, que
deberá ser repensado con el fin de articular una asunción de riesgos
medioambientales por parte de los instrumentos tradicionales de protección
social.
En primer lugar, se
requieren nuevos instrumentos de medición y que permitan cartografiar las
desigualdades – mientras que el Producto Interior Bruto, que se sigue
utilizando como indicador de progreso no toma en consideración ni la cuestión
de las desigualdades ni de la degradación del medio ambiente. En este sentido,
la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las
Naciones Unidas en 2015 merece ser aplaudida. Todos los países, ricos y pobres,
han decidido dotarse de una batería de indicadores tomando en consideración la
reducción de desigualdades y la protección del medio ambiente.
La adopción de métricas
comunes para medir el progreso en diferentes dimensiones queda aún lejos de ser
suficiente, pero se trata de un avance real y a partir de ahora queda en manos
de la sociedad civil el instar a sus gobiernos a confrontar sus
responsabilidades.
Conviene a continuación
armonizar las políticas sociales clásicas y las políticas de protección del
medio ambiente. La fiscalidad ecológica – entre la que se encuentra el impuesto
al carbono o la supresión de subvenciones a las energías fósiles- puede ser una
potente herramienta en esta dirección. En un país en desarrollo especialmente,
las ayudas del Estado respecto de la energía fósil benefician ampliamente a los
más acomodados que presentan un modo de vida más contaminante que el resto.
Suprimir estas ayudas hoy en día supone una medida al mismo tiempo social y
medioambiental. En efecto, dentro de algunos años, cuando las clases medias del
mundo en desarrollo posean vehículos individuales, poner en marcha tales medidas
supondrá un rompecabezas en el plano social. Existe pues una ventana de
oportunidad histórica que puede dejarse escapar –los indonesios o los iraníes
que han llevado a cabo este tipo de reformas recientemente lo han ratificado.
Por último, el Estado
social deberá mirar tanto hacia arriba como hacia abajo. Las políticas sociales
desarrolladas a escala nacional se encuentran pronto desamparadas frente al
aumento de las desigualdades sociales y medioambientales. Los Estados-nación
deben avanzar agrupados, a nivel regional o mundial. Al mismo tiempo, el
Estado-social debe hoy mirar hacia su territorio con el fin de aliarse con toda
la energía de los movimientos militantes locales que rezuman iniciativas y
formas de solidaridad. Las asociaciones desconfían, a menudo con fundamento, de
grandes cimas y conferencias sociales y medioambientales. Conviene rechazar la
falsa oposición entre global y local.
En realidad, la
necesaria metamorfosis del Estado social esbozada aquí se encuentra ya en
marcha. La paradoja es que esta transformación se encuentra cerca y a la vez
lejos. Ejemplos positivos existen en todos los países ya sean industrializados
o en desarrollo, pero se requiere todavía mucha imaginación, energía y
determinación por parte de todos los actores, ciudadanos, investigadores,
actores de esfera privada o electos, para alcanzar un futuro que sea tanto
justo como sostenible.
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Lucas
Chancel es codirector del laboratorio sobre las
desigualdades mundiales. Investigador senior en el Iddri.
Traducción de Andrea
Sancho Torrico.
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AUTOR
Lucas
Chancel
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