La ONG HRW denuncia las
condiciones de acogida a los inmigrantes que llegan en pateras a España
CTXT
Rescate de
inmigrantes en Almería
GUARDIA CIVIL
9
DE AGOSTO DE 2017
Celdas oscuras y
húmedas en dependencias policiales, ese suele ser el destino que espera a
aquellas personas que acaban de llegar hasta las costas españolas o han sido
rescatadas en el mar por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. Lo
denuncia la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), tras visitar a
mediados de mayo los centros de detención inmigratoria de Algeciras y Tarifa,
las instalaciones portuarias de la policía en Motril y Almería y la estación
central de policía en Málaga.
Para los menores no
acompañados, el destino suele ser un centro de acogida.
En su informe HRW
describe las ‘precarias’ condiciones de los establecimientos en los que se
encierra a los migrantes tras desembarcar: grandes celdas con poca iluminación
y colchones en el suelo en Motril –en este centro existe una única célula con
literas en la que se interna a las mujeres y a los niños-- y Almería; una
cárcel subterránea sin luz natural ni ventilación en la dependencia policial de
Málaga. Además, señala la ONG, “las personas detenidas permanecen encerradas en
todo momento, y solo se les saca para efectuarles controles de salud, tomarles
las huellas dactilares, entrevistarles o para usar el retrete en Almería y
Málaga, al no haber dentro de las celdas”. En Almería y Motril existen espacios
externos cercados, pero a las personas detenidas por motivos inmigratorios “no
se les permite usarlos”.
En las 72 horas
marcadas como plazo máximo de detención, la policía, tras tomar las huellas
dactilares y entrevistar a los inmigrantes, tiene que emitir una orden de
devolución que un juez ha de confirmar o desestimar. El magistrado debe además
decidir si la persona será privada, o no, de libertad. HRW constató que en
Motril y Almería es habitual que los magistrados realicen entrevistas grupales
–a veces, incluso mediante teleconferencia-- en las que plantean preguntas tipo
y luego internen a casi todos los adultos en CIE hasta su deportación. En
Málaga, reconoce la ONG, el colegio de abogados local junto con otras
organizaciones ha conseguido que los jueces realicen entrevistas individuales y
dicten órdenes de detención individualizadas.
Conforme a la
legislación española, el internamiento con fines de deportación solo debería de
aplicarse cuando exista la probabilidad de que la deportación pueda ser y sea
efectivamente llevada a cabo con una celeridad razonable. Los datos recopilados
por el Defensor del Pueblo indican que solo el 29% de las personas detenidas en
CIE fueron expulsadas de España en 2016.
HRW recuerda que el
derecho español contempla medidas alternativas al encierro como la retención de
documentos, la obligación de comparecencia y/o de vivir en un lugar determinado
para garantizar que una persona pueda ser localizada con el fin de ejecutar una
orden de devolución o deportación. En España existe además, incide la ONG
internacional, un sistema de centros de acogida humanitaria financiado por el
gobierno y gestionado por asociaciones, en los que los inmigrantes
indocumentados pueden permanecer hasta tres meses.
Según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 26 de julio de
2017 llegaron a las costas españolas 7.847 personas. Unas 5.400 más que en el
mismo periodo del año anterior.
La OIM estima además
que 119 personas han muerto en el cruce del Mediterráneo occidental desde
comienzos 2017. A principio de julio en un solo naufragio perdieron la vida 49
personas.
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Este artículo ha sido
elaborado a partir de lo expuesto en el infodato Jóvenes e inclusión social, publicado en el Observatorio Social de
“la Caixa”.
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