Fuente: cooperaccion
José De Echave C.
El próximo 4 de julio, en la
ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de
Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia
de Cusco.
Como se sabe, el largo proceso
judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento
fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado
por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).
Luego de varios días de
paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de
Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes
sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer
momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado
todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado
contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.
El arresto del alcalde de Espinar
desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte
presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los
enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la
decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El
alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía
y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.
Lo cierto es que ya han pasado
cinco años y no sólo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los
dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin
ser atendida y menos aún solucionada. ¿Qué pedía la población de Espinar en ese
momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de
contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación,
reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las
fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental
internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y el inicio
de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los
pobladores.
Lamentablemente, pasado todo este
tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el
origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha
comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en
grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en
estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud
ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.
Cabe recordar que en el 2010 se
estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la
población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que
todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de
arsénico, mercurio, plomo, cadmio.
Esta situación de incertidumbre y
el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la
población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012.
Hay que subrayar que los resultados de este estudio sólo fueron hechos públicos
y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013.
Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el
distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la
mayoría de comunidades previamente evaluadas.
El caso ha llegado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una
audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes
de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación
y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada
Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación
jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un
llamado a solucionar los problemas de contaminación.
Hace unos meses, a través de un
pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más
la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave
situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y
Alto Huancané.
Los análisis realizados en la
zona han mostrado elevados índices de contaminación por metales pesados en
agua, aire y suelo. (Foto: CooperAcción)
Los planes elaborados por las
autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con
presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la
falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos.
Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que
sufren exposición crónica a metales pesados.
En paralelo, el ex alcalde
Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de
investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha
seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera
remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías
para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la
acusación y la tipificación de los supuestos delitos.
El hecho de que el proceso no
haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho
de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos
primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles
como reparación civil.
Mientras que los dirigentes
encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población
en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y
los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las
autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los
esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.
Se espera que este duro capítulo
en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las
demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente
atendidas por las autoridades.
03 de julio de 2017
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Foto superior: El Comercio
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