En Lima hay un millón
de personas que no pueden beber el agua de sus grifos. En un año llegará a los
65.000 vecinos de un asentamiento informal
Ver
fotogalería Cajamarquilla es un sector informal de Lima que no
recibe la mayoría de servicios esenciales. PABLO LINDE
A
media hora de algunos de los mejores restaurantes del mundo no hay agua potable
ni saneamiento. Entre caminos polvorientos sin asfaltar, los 65.000 habitantes
de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote, tres sectores de Lima,
son la cara B de una megalópolis de más de 10 millones que ha crecido durante
décadas sin control. Uno de sus grandes retos es llevar servicios a aquellos
lugares donde las viviendas surgieron como champiñones a medida que cientos de
miles de campesinos se asentaron en la ciudad.
No es un problema nuevo.
Ni único. En la capital peruana hay un millón de personas sin agua potable en
sus hogares; son un tercio de los que padecen esta carencia en todo el país.
Los de estos tres sectores, enclavados en los distritos de Lurigancho y
San Antonio de Huarochirí —Lima y su área metropolitana incluyen 49—,
comenzaron a asentarse allí hace más de 30 años y desde hace uno ven cómo las
excavadoras perforan la tierra para construir las cisternas, reservorios y
tuberías que les abastecerán, previsiblemente, en agosto de 2018.
Hasta entonces, les
toca seguir comprando agua a los camiones cisterna que pasan regularmente por
la zona, extrayéndola de precarios pozos y defecando en letrinas con pozos
sépticos improvisados. Evelyn Feliciano, alcaldesa de San Antonio de Huarochirí,
explica que era una reivindicación histórica de una comunidad que a duras penas
se podía permitir los desembolsos que tenían que pagar a las cubas y que lleva
décadas sufriendo la insalubridad y las enfermedades que traen consigo estas
carencias.
Se trata de un distrito
terriblemente humilde de migrantes que fue creciendo igual que lo ha hecho
buena parte de Lima: se fueron asentando en tierras comunales o municipales, en
cerros que parecían inaccesibles, hasta hacerlas suyas de hecho, muy a menudo,
sin título de propiedad. La mayoría proceden de Ayacucho, una provincia
agrícola del norte de Perú. Poco a poco fueron construyendo sus viviendas:
primero con maderas, adobe o el material que tuvieran a mano. Y, conforme se lo
podían permitir, con ladrillos y componentes más resistentes pintados de
llamativos colores en un proceso que, según los casos, ha podido durar desde
unos pocos años hasta décadas.
Con sus propias manos,
Hipólito Roca, de 78 años, está construyendo la segunda planta de su casa. Lleva
28 viviendo en Cajamarquilla, desde que tuvo que salir huyendo de su Ayacucho
natal por el terrorismo de Sendero Luminoso.
Como él, muchos de los habitantes son obreros de la construcción que edifican
sus residencias ellos mismos o con la ayuda de sus vecinos. Donde ahora hay una
letrina armará un módulo sanitario, algo necesario para que Sedapal,
la empresa de aguas de Lima, instale el saneamiento. En una feria en
la que la compañía puso en contacto a entidades crediticias con habitantes, se
cerraron más de 4.500 microcréditos para que las familias puedan instalar sus
cuartos de baño con inodoro, ducha y lavabo, lujos que pocos vecinos
tienen hoy día. “Se supone que en un año tendremos agua, pero ya
veremos”, responde Roca escéptico, seguramente por la costumbre de vivir
olvidado por las instituciones, rodeados de caminos de tierra en un lugar donde
el cementerio se improvisa a unos metros de los hogares; donde se puede ver
claramente lo que es Lima: una ciudad en mitad del desierto.
ver
fotogalería Hipólito Roca, de 78 años, está construyendo la segunda
planta de su casa. Lleva 28 viviendo en Cajamarquilla. PABLO LINDE
“No solo se trata de
que llegue a cada hogar agua, que se puedan duchar o hacer sus necesidades en
un inodoro. Este proyecto permitirá que sea de calidad y accesible”,
resalta Agustín Aguerre, gerente del Sector de Infraestructura y Energía
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia
100 de los 170 millones de dólares (unos 149 millones de euros) que cuesta el
proyecto. Para ello, más allá de la obra, que Aguerre denomina “la parte
fácil”, hay un “esfuerzo muy grande en mejorar la gestión del agua, su calidad,
el bombeo, la capacidad de cobrar para que el servicio sea sustentable y se
puedan mantener y ampliar las redes”.
El otro gran esfuerzo es el social. Una obra como esta lleva a un distrito innumerables oportunidades, pero también complicaciones y molestias, que van desde cortes de calles hasta compra de terrenos para que las canalizaciones discurran por el mejor lugar. Carmela Gavonel, de Sedapal, está a cargo de esta labor a través de “un diálogo constante” con la comunidad: “Una de nuestras premisas es contratar mano de obra del propio distrito, entre otras cosas porque hará mejor el trabajo, ya que serán los propios beneficiarios. Pero surgen pseudosindicatos que tratan de extorsionar a las empresas para que contraten a quienes ellos establezcan. Para evitarlo es necesaria la implicación de toda la comunidad. Y hemos conseguido que no surja este problema”.
El otro gran esfuerzo es el social. Una obra como esta lleva a un distrito innumerables oportunidades, pero también complicaciones y molestias, que van desde cortes de calles hasta compra de terrenos para que las canalizaciones discurran por el mejor lugar. Carmela Gavonel, de Sedapal, está a cargo de esta labor a través de “un diálogo constante” con la comunidad: “Una de nuestras premisas es contratar mano de obra del propio distrito, entre otras cosas porque hará mejor el trabajo, ya que serán los propios beneficiarios. Pero surgen pseudosindicatos que tratan de extorsionar a las empresas para que contraten a quienes ellos establezcan. Para evitarlo es necesaria la implicación de toda la comunidad. Y hemos conseguido que no surja este problema”.
La empresa ha
organizado talleres con los vecinos para informarles del proyecto y para que,
una vez que esté listo, usen el nuevo servicio con responsabilidad. “Cuando
llevas agua potable a un lugar que nunca ha tenido se tiende al desperdicio. Lo
primero que hacen es ponerse a regar las calles. Tampoco tienen cultura de
pago, porque al salir del grifo creen que es gratuita. Hay que hacer un trabajo
para concienciarles de que no es así”, relata Gavonel.
Uno de sus principales
interlocutores ha sido Juan Almeida, presidente de la Comisión de Agua de la
comunidad. Cuenta que la primera reunión fue en 2010: “Llevábamos años haciendo
marchas para pedir que nos llegase agua potable y saneamiento. En un principio
la gente estaba muy desconfiada, pero conseguimos que en 2011 el BID se fijara
en nosotros y se concretara el proyecto. Dejamos de manifestarnos y ahora
estamos muy expectantes”.
La ejecución del
proyecto ya ronda el 40%. Conectará a unos 18.000 hogares a una red que los
habitantes de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote llevaban años
esperando. Seguramente nunca podrán ir a comer al Central, el restaurante de
Virgilio Martínez —premiado como mejor chef del mundo en 2017 y quién,
obviamente, poco o nada tiene que ver con todo esto—, que queda a
menos de media hora de sus casas. Pero podrán beber el agua que sale de sus
grifos.
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