Con
los votos del fujimorismo se derogó norma que afectaba el respeto a las
propiedades comunales. Lejos de un respaldo a la causa indígena, detrás de esta
postura habría un interés político en contra del Gobierno. ¿Se mantendrá
consecuente Fuerza Popular con postura asumida frente al decreto 1333?
Por José Díaz
Servindi, 29 de mayo, 2017.-
En la última sesión del Pleno del Congreso, la mayoría parlamentaria
fujimorista aprobó el proyecto que derogaba el decreto legislativo 1333, también conocido como “ley del despojo”.
En lo que súbitamente se convirtió en una victoria para las poblaciones
indígenas, se escondería un interés político de Fuerza Popular.
Para el legislador del Frente
Amplio, Marco Arana, la actitud
del fujimorismo que terminó beneficiando a la población indígena responde más a
“un toma y daca” con el Gobierno que a una convicción por defender el derecho
de las propiedades comunales.
“El fujimorismo no expuso
problemas de fondo sino de forma. No
han votado contra el decreto legislativo 1333 por convicción. Veamos cómo
reaccionan frente a la iniciativa del Ejecutivo que pronto votaremos en el
Congreso y que declara a las cabeceras de cuenca y lechos de río como espacios
aplicables a la figura de obras por terrenos”, señaló a Servindi el legislador
del Frente Amplio.
Esto quiere decir que la derogatoria del 1333 respondería
más a un trasfondo político de crispación entre Fuerza Popular y el Ejecutivo que
a un interés por apoyar la causa indígena.
“No
es que el fujimorismo se haya pasado al lado de la causa indígena. De
hecho el proyecto de Consulta Previa lo tienen aguantado. Hay que estar
atentos, esto no garantiza un compromiso del fujimorismo para la protección de
las tierras de las comunidades”, advirtió Arana.
“La derogatoria del 1333 respondería más a un
trasfondo político de crispación entre Fuerza Popular y el Ejecutivo que a un
interés por apoyar la causa indígena.”
Cabe recordar que el D. Leg. 1333
implicaba la creación del Proyecto
Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP),
un órgano que iba a tener el objetivo de priorizar la ejecución de obras de
infraestructura sobre terrenos de comunidades campesinas e indígenas que aún no
han sido regularizadas.
Esto generaba una mayor
fragilidad si se toma en cuenta que los procesos de titulación y la base de
datos indígena del Viceministerio de Interculturalidad aún permanecen
inconclusos. ¿Será coherente el fujimorismo con su postura asumida frente al D.
Leg. 133?
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