19 mayo 2017
Masivas protestas indígenas
recorren Brasilia en abril de 2017.
© VOA
Advertencia: contiene fotos
gráficas.
Una comisión llevada a cabo por
parlamentarios brasileños que representan a la bancada ruralista (el poderoso
lobby del agronegocio) acaba de publicar un informe solicitando el cierre de la Fundación Nacional del Indio o FUNAI,
el departamento de asuntos indígenas del Gobierno de Brasil.
Su contenido ha generado
indignación e incredulidad en Brasil y más allá de sus fronteras. Francisco
Runja, un portavoz indígena
kaingang, declaró: “La extinción de la FUNAI es como si nos
mataran a nosotros, los pueblos indígenas. FUNAI es una institución
fundamental para nuestra permanencia, supervivencia y resistencia, y es una
garantía para la demarcación de nuestros territorios ancestrales”.
El informe ataca a los líderes
indígenas, antropólogos, fiscales y ONG, incluida Survival International.
El documento alega que FUNAI se
ha convertido en un “rehén de intereses externos” y pide que decenas de sus
funcionarios sean procesados por respaldar lo que denominan “demarcaciones
ilegales” de territorios indígenas.
El pasado 16 de mayo se negó a un
grupo de 50 indígenas presenciar la sesión parlamentaria donde se debatía esta
consulta.
La investigación tomó 500 días y
contiene más de 3.300 páginas. Es un desvergonzado ataque a los pueblos
indígenas, así como un intento burdo y ventajista de destruir sus derechos
constitucionales arduamente conquistados.
Hombre indígena mutilado víctima
de un ataque de agroterratenientes en mayo de 2017.
© Anon
El estudio fue dirigido por
políticos que representan al poderoso agronegocio en el Congreso, que desde
hace mucho tiempo codician los territorios indígenas para su propio beneficio
económico.
Uno de sus miembros, el diputado
Luis Carlos Heinze, recibió el premio de Survival International al Racista del Año en 2014 a
raíz de sus comentarios profundamente ofensivos sobre indígenas, homosexuales y
negros brasileños.
Otro diputado, Alceu Moreira,
reclamó la expulsión de los pueblos indígenas que intentan reocupar sus tierras
ancestrales.
La hostilidad creciente y el
clima antindígena en muchos sectores del Congreso está fomentando la violencia
contra los pueblos indígenas del país. El mes pasado, 22 indígenas gamelas resultaron
heridos durante un ataque brutal a manos de pistoleros contratados por
los terratenientes locales.
FUNAI ha sufrido severos
recortes presupuestarios que han resultado en el desmantelamiento de varios
equipos responsables de la protección de territorios de indígenas aislados. Ello
deja a algunos de los pueblos más vulnerables del planeta a merced de madereros
armados y acaparadores de tierras.
La organización ha quedado
extremadamente debilitada. Buena parte de su personal ha sido despedido, y
políticos designados dirigen ahora departamentos clave.
En los últimos cinco meses FUNAI ha
tenido tres presidentes. A principios de este mes, su segundo presidente,
Antonio Costa, fue despedido. En una conferencia de prensa criticó con
contundencia al presidente Temer y al ministro de Justicia Osmar Serraglio,
afirmando que “no solo quieren acabar [con FUNAI], sino también con
políticas públicas, como las políticas de demarcación de tierras [indígenas]
(…) Esto es muy grave”.
El chamán y portavoz yanomami
Davi Kopenawa declaró: “La FUNAI ha sido destruida (…) ya está
muerta. Ellos la mataron. Solo queda su nombre. Un nombre bonito, pero que no
tiene poder para ayudarnos”.
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