La ONG duda de la efectividad de
las medidas del gobierno para avanzar en el proceso de paz
Bogotá 22 ABR 2017 - 18:06 CEST
Mujeres emberas portan a sus hijos. FREDDY
CABARCAS (UNFPA COLOMBIA
En una semana fueron asesinados
seis indígenas en Colombia. En el Chocó, Cauca y Nariño. Los pueblos Wounan, Nasa y Awá,
afectados históricamente por el conflicto, siguen siendo víctimas de la
violencia en el país. La ONG Amnistía Internacional advierte que estos
asesinatos “generan serias dudas sobre la efectividad de las medidas
implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz”.
En las comunidades indígenas
llevan diciéndolo desde hace mucho. Piden que el Estado los proteja y que haya
justicia. No quieren más muertos. “Estos crímenes dejan en relieve uno de los
principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las
comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto
armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”,
señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika
Guevara-Rosas.
En
opinión de Guevara-Rosas, “la situación de riesgo que atraviesan las
comunidades indígenas en Colombia es alarmante”. La preocupación ha sido
secundada por otras organizaciones que trabajan por los derechos humanos en
Colombia. Redpropaz pide
acciones urgentes e inmediatas por parte del gobierno nacional para detener la
ola de asesinatos de líderes y autoridades indígenas. “Llamamos
al presidente Juan Manuel Santos para que brinde una respuesta clara que no
dilate más la protección de las autoridades tradicionales, los pueblos
Indígenas y sus asociaciones de cabildos”, señalan en un comunicado.
Los recientes asesinatos empezaron
el 16 de abril con el crimen de los indígenas Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny
Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá. Ese mismo día se denunció el secuestro de los hermanos Anselmo
y Dalmiro Cárdenas Victoria, indígenas Wounan. Unas
horas después las autoridades anunciaban que habían encontrado sus cuerpos. A
Gerson Acosta, líder del cabildo indígena Kite
Kiwe, un sicario le disparó cuando salía de una reunión con su comunidad el
pasado 19 de abril. Su caso ha puesto en duda los mecanismos de protección.
Acosta contaba con un esquema de seguridad, tras haber recibido amenazas por su
trabajo como defensor de derechos humanos y líder de víctimas. Sin embargo, y
sin explicaciones hasta ahora, murió baleado.
“El asesinato de Gerson Acosta es
el claro ejemplo de la ineficacia de las medidas implementadas por las
autoridades colombianas para asegurar la vida e integridad de líderes y
miembros de comunidades indígenas”, señala Amnistía, que advierte que "es
hora de que las autoridades colombianas cumplan con sus promesas y protejan
adecuadamente a las víctimas del conflicto".
La ONG recalca sobre la situación
“definitiva” que atraviesa Colombia para la consolidación del acuerdo de paz
firmado en noviembre del año pasado por el Gobierno y las FARC y para el
afianzamiento del proceso iniciado con la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN). “Pero todos estos esfuerzos serán inútiles si no se toman
medidas inmediatas para garantizar la protección de las poblaciones más
vulnerables y en riesgo de graves violaciones a los derechos humanos”,
advierte.
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