Cooptación por el poder político
y económico, precariedad, paro, concentración de la propiedad y audiencias
falseadas minan la credibilidad de los medios
ALEJANDRO G. FALAGÁN / CLARA ROCA
Dustin Hoffman y Robert Redford,
en ‘Todos los hombres del presidente’ (1976).
12 DE
JULIO DE 2017
Por fin la crisis ha terminado,
dicen algunos. ¿Hemos regresado al escenario de hace una década? El huracán ha
dejado un panorama desolador de desempleo, inseguridad laboral y hundimiento de
salarios. Estos no son los únicos factores que han provocado que la profesión
periodística se tambalee. Otro es el cambio en los estilos de vida, de trabajo
y de negocio que afecta a todos los ámbitos y lugares, y trueca, para bien y
para mal, la forma en que la ciudadanía se relaciona con la información,
suscitando nuevas posibilidades y también problemas para el ejercicio de la
democracia. Estas condiciones adquieren un tenor particular en España, donde
están seriamente en cuestión la independencia tanto de los periodistas como de
los propios medios, la pluralidad de la oferta informativa o la protección de
la libertad de expresión y de prensa.
El mercado informativo está
cambiando a pasos agigantados; a la dispersión del poder de la televisión se
suma la creciente audiencia de los medios nativos digitales, que cada vez
captan más público general o mainstream en España, como evidencia
Reuters en su Digital News Report de
2017. Una de las características principales del nuevo paradigma es el
crecimiento de las plataformas online, donde se puede recibir información de
manera gratuita –un asunto sobre el que se discute hoy en todos los campos,
legal, comercial o de responsabilidad con la veracidad--. La nueva lógica
informativa pone de manifiesto el rompecabezas de la financiación y exige a los
medios buscar nuevas formas de sustento económico, en un marco donde la mayoría
de los medios online dependen en gran medida de la publicidad. Esto se debe a que
el número de personas dispuestas a pagar por información online es todavía muy
pequeño, 9%, según Reuters, y aún más escaso el número de suscriptores, el 4%.
Fuente: Digital News Report,
2017
Democracia
de audiencias (falseadas)
A pesar de que la televisión
sigue siendo el primer medio elegido por los que buscan informarse, estamos
dentro de una nueva lógica mediática, con internet ganando terreno y dividiendo
la atención de los anunciantes y de los consumidores de noticias y opinión.
Parece claro que la manera de adquirir, intercambiar y difundir información ha
cambiado. No obstante, el informe anual Bot Traffic Report 2016 de Imperva Incapsula
revela que el 51,8% del tráfico mundial de internet es generado por bots. A menudo estos robots son
utilizados para generar tráfico adicional en las páginas e “inflar” los datos
de audiencia.
A pesar de todo, es evidente que
los digitales están ganando cada día más terreno. Su creciente influencia
se manifiesta en su capacidad para cambiar el foco informativo y reescribir la
agenda. Algunos periódicos online se
presentan como una alternativa de calidad, veracidad y pluralidad, y recuperan
el espíritu del viejo buen periodismo de servicio público. Un ejemplo reciente
son las publicaciones de Infolibre, que
en mayo de 2017 desveló que el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, tenía
en España una propiedad encubierta bajo una empresa familiar radicada en
Panamá, y que forzaron su dimisión. Indagaciones y revelaciones de este tipo,
que se han hecho relativamente frecuentes en los digitales, contribuyen a minar
la credibilidad de los medios mainstream.
Pero ¿han mejorado las
condiciones de trabajo de los periodistas? La “devaluación de la profesión”,
que según el Informe de la Profesión Periodística de 2016, de
la APM, perciben el 40,9% de los profesionales, ligada a la precariedad
laboral, ha pervertido el ejercicio de la profesión al punto que el periodista
se convierte en un “mero recopilador de informaciones”. Además, “el miedo a la
pérdida del trabajo se traduce en una práctica menos libre e independiente”,
opina el 35,7%. El paro de larga duración crece dramáticamente: entre 2015 y
2016 el número de profesionales que llevan más de tres años desempleados ha
pasado del 27,9% al 42,5%. Con ello, las expectativas laborales de los
periodistas y de los que pretenden dedicarse a ello se desploman. Si están
claros los efectos de esta degradación de las condiciones de trabajo sobre un quehacer
profesional que requiere iniciativa, libertad y capacidad de cuestionar el
statu quo, hay que señalar también las consecuencias de los dos nuevos modelos
de trabajadores que emergen tras la crisis, los becarios y los autónomos, que
se presentan como una alternativa más barata y flexible para las empresas.
‘Becarización’,
los emprendedores forzosos y los falsos autónomos
Pese a que la figura del becario
es muy necesaria en los primeros pasos de la profesión periodística, a
menudo ha degenerado en una herramienta para sustituir el trabajo de
profesionales a bajo coste o, incluso, de forma gratuita. Según el Informe de
la Profesión, el 48,1% de los becarios encuestados declararon que no recibieron
remuneración. Además, al 40,7% no se les asignó un tutor durante su beca. Un
dato “menor”, pero indicativo de la extensión y naturalización de la
irregularidad, con la que el objetivo educativo del becario pasa a un último
plano, sin que las asociaciones de la prensa hayan sido capaces de poner freno
a estos abusos.
“Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su
propia empresa”. Esta frase del filósofo Byung-ChulHan refleja el paradigma
de la actual situación laboral. Cada vez son más los llamados “emprendedores” y
los que trabajan de forma autónoma. Sin embargo, esta nueva situación no es
considerada ideal entre los profesionales. El 75,1% de los autónomos admite que
ha adoptado este régimen laboral forzado por las circunstancias. Este
porcentaje ha aumentado en casi tres puntos respecto al año 2014. Se
multiplican los casos de los llamados “falsos autónomos”, que incluso cuentan
con un lugar fijo en la redacción, y más de la mitad de las mujeres periodistas
y casi la mitad de los hombres trabajan en modo freelance, vendiendo sus servicios a varias empresas. Nuevos
estilos de precarización y nuevas formas de inseguridad que a menudo lastran o
impiden el ejercicio libre y ‘autónomo’ de la profesión.
Diversidad
y libertad de la información
La crisis, o la pujanza de
ciertos modelos económicos y empresariales, también ha afectado a la diversidad
mediática. La Comisión Europea encarga estudios anuales al Media Pluralism
Monitor (MPM) sobre el riesgo para el pluralismo informativo en los países de
la Unión Europea. Los resultados del último informe de 2016, junto a los anteriores, confirman el alto riesgo para la pluralidad que
supone la propiedad cruzada. Las leyes españolas carecen de reglas que se
encarguen de limitar la concentración de propiedad de los medios de manera
concreta (aunque se contemple de manera general en la Ley de Medios de
Comunicación y en la Ley de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia). No
hay ningún impedimento legal para la fusión de medios, aunque para los
observadores esto afecta de manera negativa al pluralismo mediático del país.
La ley ni siquiera contempla la llamada propiedad crossmedia, es decir, una misma empresa podrá seguir
adquiriendo medios de distinto tipo, lo que deja al ciudadano sin alternativas
reales de información de calidad con las que poder contrastar noticias. Este
alto riesgo también se presenta en otros países europeos como Rumanía,
Bulgaria, Luxemburgo o Finlandia; mientras que Reino Unido, Francia o Portugal
mantienen un riesgo bajo.
Fuente: Media Pluralism Monitor
2016
Este problema de falta de independencia
mediática persiste en nuestro país y ha aumentado desde 2012. Los periodistas
se suman a esta denuncia alertando del incremento de presiones recibidas en el
Informe de la Profesión. Con frecuencia este asedio a los profesionales lo
realizan personas vinculadas con la propiedad o la gestión de los medios (un
37,2%) y, por lo general, el periodista cede a ellas (en un 74,8% de los casos)
por miedo a represalias (un 52,9% de las veces). En caso de que el periodista
se niegue a ceder a dicha coacción, en más del 48% de los casos, será relegado
en la asignación de trabajos. Todos temen lo peor: el paro, los contratos
precarios y la frágil condición de autónomo a la que muchos periodistas se ven
sometidos. Siempre se puede recurrir a la bolsa de trabajo para encontrar
periodistas dispuestos a comulgar con los poderes económicos y políticos.
Si bien la inmensa mayoría de las
veces la presión se dirige a los periodistas de base, que se pueden jugar el
puesto, también afecta a los altos cargos de las empresas informativas. En 2015
el New York Times recordaba que entre finales de 2014
y 2015 dimitieron tres directores de tres de los periódicos más importantes de
España: El País, El
Mundo y La Vanguardia. Vinculaba además las renuncias a
“intereses políticos y económicos”. Los entes reguladores también se han
deteriorado. Como recuerda el MPM, a pesar de estar bajo control parlamentario,
ocho de cada diez miembros del Consejo Nacional de los Mercados y la
Competencia (el ente regulador) han sido nombrados por el Partido Popular, por
lo que “no reflejan el pluralismo de los grupos parlamentarios”. Las oscuras relaciones
entre los medios convencionales y los poderes fácticos se han agravado en los
últimos tiempos, creando una seria alarma sobre la fiabilidad e independencia
de la información, pilar básico de la democracia.
El Consejo de Informativos de
RTVE ha denunciado de forma reiterada las malas prácticas de los medios
estatales. En su último informe, señala 60 casos de estas malas prácticas
entre enero y marzo de este año y alerta del aumento de la censura cuando las
noticias perjudican al Partido Popular. Entre otros múltiples ejemplos, en este
medio público se minimizaron los datos sobre el último informe de Intermón-Oxfam, ya que perjudicaban “la imagen de España”;
y el Canal 24h, también público, no emitió la rueda de prensa de los familiares
de las víctimas del Yak-42. Durante el gobierno del Partido Popular,
Televisión Española ha perdido espectadores y prestigio. La audiencia de la
cadena ha bajado en diez años del 19% al 10,4%. Un dato similar al registrado
en Cataluña con TV3: del 26,3% de cuota de pantalla en 2000 al 11,4% en 2016.
Por su parte, los españoles que confiaban en la televisión pública para recibir
información política y electoral han pasado de un 39,4% en 2011 a un 19,2% en
2016, como indican los resultados del CIS
postelectoral. No debemos olvidar la reforma acordada en el Parlamento en
junio de 2017 --aunque pospuesta hasta el último trimestre del año-- de
la norma que rige el proceso de elección de los miembros del Consejo de
Administración y el presidente de RTVE. Podría ser este el camino hacia una
televisión y radio públicas más plurales, independientes y transparentes. Está
por ver si en la práctica servirá en este caso para reducir el clamoroso
control del gobierno sobre los medios de titularidad pública, ya criticado por
el MPM de 2016, entre otras instituciones.
La
Mordaza
Como muchos otros medios,
asociaciones e instituciones nacionales e internacionales, el MPM alerta
asimismo de que la reforma del Código Penal en 2015 y la Ley Orgánica 4/2015 de
protección de la seguridad ciudadana --ampliamente conocida como Ley Mordaza--
ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en
nuestro país. Conocemos algunos efectos de esta ley en los ciudadanos por el
caso Cassandra o el de César Strawberry, entre otros. La comunicación en
internet se ha visto de repente coartada por un endurecimiento de las penas por
enaltecimiento al terrorismo o por ofensa a las creencias que ha llegado hasta
el humor. Resulta contradictorio que, mientras condenamos los ataques a Charlie Hebdo, un concejal de A Coruña
haya sido imputado por un cartel de carnaval en el que aparecía la ilustración
de un Papa borracho. Este paquete de leyes no solo afecta a la libertad de
expresión de los ciudadanos, también alcanza a los profesionales de la comunicación;
por ejemplo, la Ley Orgánica 4/2015 establece como delito grave el uso no
autorizado de imágenes de las Fuerzas de Seguridad. Los periodistas y medios se
ven, de esta forma, amordazados a la hora de informar sobre protestas o
manifestaciones y de criticar las acciones de las instituciones estatales.
Una posible conclusión es que la
llegada de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación ha
contribuido a descolocar al periodismo tradicional, ya de por sí débil por los
motivos mencionados, que han deteriorado su calidad. Es necesario cuestionar a
los poderes y a los medios, como siempre ha ocurrido, con la importante
diferencia de que ahora hay un altavoz. La nueva sociedad digital abre
posibilidades para la democratización de la información, si bien se enfrenta a
nuevos retos que pueden poner en riesgo la pluralidad, la libertad y la
fiabilidad de la información que necesitamos.
AUTOR
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Alejandro G. Falagán
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/ Clara Roca
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