Por Mario Osava
Representantes de los pueblos
indígenas de Brasil, que anualmente se congregan en abril en el Campamento
Tierra Libre, en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, durante una
protesta contra los legisladores que atentan contra sus derechos de demarcación
de tierra, salud y educación, con el edificio del Congreso Nacional al fondo.
Crédito: José Cruz/Agência Brasil
RÍO DE JANEIRO, 16 may 2017 (IPS) -
El ataque que hirió por lo menos a 10 indígenas del pueblo gamela a tiros y
machetazos, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos sobre el
agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los pueblos
originarios de Brasil.
Decenas de hombres armados
embistieron el 30 de abril contra los indígenas que ocupaban una hacienda en el
municipio de Viana, que reclaman como una tierra que les pertenece, donde
vivían sus ancestros. Dos heridos casi les mutilan las manos con profundos cortes.
La batalla unilateral recuerda
las masacres que diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco
siglos, pero es solo la parte más brutal de una ofensiva que despliegan en
múltiples frentes los hacendados que consideran excesivas las tierras
destinadas a los indígenas.
“Es el peor momento de la
política indigenista desde la dictadura militar (1964-1985)”, evaluó Marcio
Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) y
expresidente (1995-1996) de la Fundación
Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección de los
derechos de esa población.
El gobierno del presidente Michel
Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está promoviendo un “retroceso sin
precedentes en todo el sistema de protección ambiental, de poblaciones
tradicionales y de los trabajadores del campo”, acusaron el ISA y otras 59
organizaciones no gubernamentales en una “carta pública” divulgada el 9 de mayo.
La ofensiva comprende el recorte
este año de 55 por ciento del presupuesto de la Funai, la entrega de su
presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de Freitas, y medidas
legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras tradicionalmente
ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña.
Una enmienda constitucional, en
trámite desde el año 2000, pretende transferir al legislativo Congreso
Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras
indígenas, hasta ahora una función del Poder Ejecutivo.
Su aprobación obstaculizaría el
proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el
parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA),
radicalmente contrario a atribuir más tierra a los indígenas.
Ese bloque multipartidista,
también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 diputados, la mitad de su
Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, según el Departamento
Intersindical de Asesoría Parlamentaria.
“El presidente Temer, muy
impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los parlamentarios”,
evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las iniciativas del
gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019.
El actual ministro de Justicia,
Osmar Serraglio, era coordinador jurídico del FPA hasta febrero, cuando asumió
el despacho que actualmente es responsable de la política indígena, con la
Funai como un órgano subordinado.
El presidente del FPA, el
diputado Nilson Leitão, pide, como relator de la Comisión Parlamentaria de
Investigación sobre la Funai y la Reforma Agraria, el enjuiciamiento de decenas
de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), antropólogos,
fiscales del Ministerio Público y funcionarios gubernamentales por alegados
fraudes en la demarcación de tierras indígenas.
“Es una paradoja, él pretende
criminalizar quienes buscan cumplir lo que determina la Constitución”, que es
asegurar que los indígenas ocupen las tierras que tradicionalmente eran suyas,
criticó Santilli.
“Todos defendemos la Constitución
desde puntos de vista distintos”, contrarrestó Leitão, explicando que la
comisión parlamentaria examinó algunos casos y considera que están comprobadas
ilegalidades sujetas a condenas judiciales. Su informe tiene 3.385 páginas y
algunos documentos anexos.
Parte de una familia guaraní, que
vive precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en el
estado de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. Allí se
concentra la mayor población indígena de Brasil, y los terratenientes se han
hecho con sus tierras, provocando el mayor número de asesinatos y suicidios de
indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS
“Hubo uso inadecuado de recursos
públicos, incluso ONG que compraron armas de fuego para los indígenas y
demarcaciones en que la misma etnia ni siquiera quería toda el área que le fue
atribuida”, alegó el diputado el diálogo con IPS.
Su informe ataca algunas ONG que
“recibieron abultadas sumas del exterior” y fomentan “invasiones de inmuebles
rurales” reclamados como área indígena, ignorando la propiedad legal de sus
dueños.
“El rito de demarcación tiene
vicios, todo lo hecho últimamente se cuestiona en la Justicia”, señaló. Además,
a su juicio, “la Funai se debilitó al ser tomada por funcionarios ideológicos”.
Pero su principal crítica es que
la tierra sea “el único tema de Funai y los indigenistas”, olvidándose de
“cuidar el ser humano, la salud y la educación” de los pobladores originarios.
En consecuencia, aseguró el
diputado ruralista, que “en los últimos 10 años las muertes indígenas
aumentaron 168 por ciento, no por la guerra o la violencia de los conflictos,
sino por enfermedades” y 40 por ciento de los muertos son niños de cinco años o
menos.
No tiene que ver con escasez de
tierra, arguyó, recordando que en Brasil había 817.963 indígenas, 0,4 por
ciento de la población total, según el censo de 2010, ocupando 117 millones de
hectáreas, equivalentes a 13,7 por ciento del territorio nacional. Entonces, la
población total apenas superaba los 190 millones de personas, frente a las
proyecciones actuales de 211 millones.
Restar importancia a la cuestión
de la tierra corresponde al interés de los ruralistas, en permanente conflicto
con los competidores por la tierra, sean indígenas o campesinos que reclaman
asentamientos de la reforma agraria. Todos los especialistas consideran la
tierra como el factor clave para la sobrevivencia de los pueblos originarios.
La ofensiva ruralista actual,
favorecida por su dominio legislativo, amenaza con poner fin al renacimiento
indígena impulsado por el retorno a la democracia de Brasil en 1985 y la
Constitución de tres años después.
La población indígena se limitaba
a 294.131 personas en 1991, cuando se hizo el primer censo oficial que
incorporó esa identificación étnica. En 2000 ese número más que se duplicó para
alcanzar los 734.127 habitantes, y subió a 817.963 en 2010.
Esa multiplicación respondió a la
demarcación de más de 80 por ciento de las 480 áreas ya homologadas como
indígenas en Brasil desde 1988. Aún quedan por demarcar 224 áreas, la mitad ya
identificadas y el resto aún en proceso de hacerlo.
“El crecimiento poblacional debe
mantenerse en el censo de 2020, pese al recrudecimiento de las agresiones”,
prevé Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI),
una organización de la Iglesia Católica.
Muchas etnias están rescatando su
identidad y tratando de recuperar tierras ocupadas en el pasado por sus
pueblos. Es lo que pasa con los gamelas, que ocuparon haciendas buscando
demarcar su territorio por su cuenta ante la inoperancia del gobierno, en una
iniciativa que desató la violenta reacción de hacendados locales, explicó
Buzatto.
La población indígena, pese a las
adversidades políticas, sigue movilizada por sus derechos constitucionales.
Actualmente, en Brasil sobreviven
252 pueblos originarios, con 150 lenguas aún vivas de las 1.200 que se hablaban
cuando llegaron los colonizadores portugueses en 1500, según datos de ISA. Los
pueblos más numerosos son los guaraníes, tikunas, terena y yanomami.
El Campamento Tierra Libre, una
manifestación anual que tiene lugar en Brasilia, reunió cerca de 4.000
indígenas del 24 al 28 de abril, para denunciar “violencias, retrocesos y
amenazas cometidos por el Estado brasileño” y defender los derechos asegurados
por la Constitución y los tratados internacionales.
“Está en marcha un conjunto de
amenazas y acciones que se relacionan y se retroalimentan”, con un ruralista en
el Ministerio de Justicia, intentos de cambiar la Constitución para invadir
tierras indígenas, descalificar el sistema de demarcación y asegurar impunidad
a los agresores, resumió Buzatto.
Son acciones que se extienden al
ambiente y a los derechos humanos, fomentando movimientos de resistencia.
Críticas a las actitudes del
gobierno brasileño, especialmente en la cuestión indígena, se manifestaron en
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el
5 de mayo sometió en Ginebra al país a la Revisión Periódica Universal. “Es
un factor de esperanza”, concluyó el secretario de CIMI.
Editado por Estrella Gutiérrez
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